AEE y la ley catalana de derechos LGBT

La “ley de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGTB) y para la erradicación de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia” ha sido aprobada sin enmiendas por la mayoría del Parlament de Catalunya. Su título, aunque farragoso, es revelador: defiende derechos específicos de un colectivo y señala un cordón sanitario que les confiere inmunidad ante cualquier acción contraria a sus intereses tildándola de “fobia”.

Pretende representar lo mejor de la mentalidad abierta catalana, pero en realidad es continuadora de la más rancia tradición inquisitorial española: señala un colectivo intocable, el de la casta de los LGTB, y le otorga privilegios por encima del resto de los ciudadanos; lanza anatemas y coloca sambenitos sobre todo aquel que se atreva a opinar no ya sobre las personas homosexuales, sino sobre la conducta homosexual. Además, siguiendo la tradición oscurantista y antidemocrática, coloca sobre los disidentes la carga de la prueba, reintroduciendo la sospecha y la denuncia no fundamentada como instrumento político de represión de los disidentes, creando inseguridad jurídica incompatible con un sistema de libertades.

La ley demuestra miedo a la libre concurrencia de ideas, a la diversidad (sí, defiende la diversidad de la orientación sexual, pero prohibe y persigue la libertad de opinión sobre la orientación sexual). La ley además instaura el miedo en los que se atreven a disentir; otra vez arrincona la fe a la privacidad y amenaza a quien se atreva a expresarla en público.

La Alianza habló ya antes del debate de la ley y cada miembro del Parlament recibió nuestro documento; cualquiera que quiera conocer nuestras razones puede leerlo. Ciertamente esperábamos debate de altura en el Parlament, esperábamos que los diputados no se conformasen con los clichés de moda y se atreviesen a debatir en profundidad el proyecto; no había que ser un experto para ver en él privilegios para castas y amenazas a la libertad de opinión y expresión, pero la cabeza y los ojos de muchos diputados se han dejado cerrar por las banderas multicolores y no se han atrevido a cuestionar lo que la presión política les ha impedido cuestionar. ¿Cómo van a defender el derecho de otros a discrepar si ellos mismos tienen miedo a discrepar?

Nos ha defraudado el debate: el Parlament no se ha mostrado en esto mejor que otros parlamentos en los que la democracia languidece ahogada en los pactos de pasillo. En la Ciutadella, ese antiguo entorno de libertad, hoy no ha quedado lugar para el debate abierto, la independencia de criterio, la confrontación de modelos e ideas; también aquí los están sustituyendo la partidocracia y la transación; ya no queda lugar para la sorpresa, todo es previsible según las reglas del “te apoyo en esto a cambio de que me apoyes en esto otro”.

La sociedad civil no debe callar: no hay democracia sin derecho a la discrepancia –desde el respeto a las personas–; nadie debe sentirse intimidado por las restricciones que impone esta ley. La ciudadanía debe hacerle ver a sus representantes que hay derechos fundamentales que ningún acuerdo parlamentario puede amenazar.

Los protestantes, como parte de esa ciudadanía, vamos a reclamar el derecho de todos y cada uno a expresar en libertad lo que piensa sobre cualquier tema debatible en la plaza pública; será la forma de recuperar lo más abierto y progresista de la mentalidad catalana.

Junta Directiva de la Alianza Evangélica Española