El Ayuntamiento de Madrid precinta una Iglesia Evangélica por no tener licencia de actividad

La Iglesia Evangélica Buenas Noticias situada en c/Fuerte de Navidad nº 19, en Aluche, fue precintada por orden municipal a mediados de esta pasada semana.

MADRID · 19 DE NOVIEMBRE DE 2007 · 23:00

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Según el pastor Manuel Cerezo, responsable de la Iglesia clausurada, sus problemas vienen de lejos y parte de la culpa la tiene la actitud de algunos vecinos que, desde el primer día se han opuesto a la apertura de la parroquia evangélica, argumentando de que el barrio se llenaría de mendigos, "yonquis", y todo tipo de personas indeseables, por causa de la Iglesia. No obstante, el pastor Cerezo, igual que otros muchos pastores expuestos a similares situaciones, sostiene que el problema de fondo es que las Iglesias evangélicas están sometidas a unas exigencias desproporcionadas, y que los lugares de culto debieran tener una normativa específica, a la medida de su realidad. De momento, la Iglesia Evangélica Buenas Noticias no tendrá dónde celebrar su culto este próximo domingo. "Hay mucha gente que no está avisada, así que la esperaremos en la puerta y los despediremos, y el lunes volveré al Ayuntamiento, a ver si nos resuelven este tema, porque necesitamos poder reunirnos en nuestra capilla" - señala el pastor, cansado y enojado por la situación. VULNERABILIDAD JURÍDICA E INCERTIDUMBRE Un episodio más en una larga lista de incidentes, que ponen de manifiesto la vulnerabilidad jurídica en la que se encuentran los lugares de culto de las Iglesias evangélicas en España, expuestas al cierre y la clausura según el criterio del edil de turno y a la simpatía o capricho de los vecinos, al no existir una ley específica que garantice y regule la situación de los edificios destinados a fines religiosos. Recientemente, en una localidad del norte de España, una Iglesia evangélica histórica, con más de 100 años de existencia, fue amenazada de cierre por carecer de licencia de actividad. La situación quedó en aguas de borrajas cuando el pastor pudo argumentar que ninguna Iglesia católica de la zona disponía de la preceptiva licencia (lo que había averiguado previamente) y, además, presentar un documento de autorización firmado por el General Franco. Las autoridades municipales no se atrevieron a ser "más intolerantes" con los protestantes de lo que el dictador lo fue. Así que el cierre, de momento, se quedó en nada. Pero no es el único caso, y nos encontramos, después de 30 años de democracia, con que más de una Iglesia evangélica se ven obligadas a celebrar sus cultos en la calle, en pacífica protesta por la insensibilidad, los requisitos desproporcionados, y los prolongados silencios administrativos por parte de algunos ayuntamientos. El caso de una Iglesia Evangélica en Oleiros (La Coruña), cuyo lugar de cultos se encuentra emplazado en un polígono industrial, y que fue reabierta por el alcalde después de que la noticia del cierre y la celebración de los cultos en la calle provocaran el interés de la prensa local, es quizás el más reciente. El ayuntamiento accedió a quitar el precinto después de obligar a la Iglesia a instalar un limitador de decibelios dentro de la capilla. "¡Es como si tráfico me pusiera el radar de control de velocidad en mi coche particular, en vez de ponerlo en la carretera para todos los conductores!" - declaraba uno de los feligreses con indignación. FALTA DE UNA REGULACIÓN JURÍDICA ESPECÍFICA Esta situación viene siendo denunciada por los protestantes españoles en todos los foros e instancias, junto al reclamo -por ejemplo, ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)- de que, en los planes de desarrollo urbanístico, se prevea la reserva de terrenos y espacios adecuados para uso religioso, del mismo modo que sucede con otros servicios de interés público (escuelas, instalaciones deportivas, auditorios, etc.). La aplicación de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas a los lugares de culto parece una normativa desmesurada e inadecuada. Las Iglesias evangélicas vienen planteando que debiera desarrollarse una ley específica, que contemplara las peculiaridades de la actividad religiosa.

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