La Iglesia Católica apenas aporta luz sobre casos de abusos a menores

La comparecencia histórica de una comisión del Vaticano ante la ONU con respecto a la protección de los Derechos del Niño no consiguió avanzar en una mayor transparencia de la Iglesia Católica, cuya actitud hacia los abusos denunciados no presentó demasiadas modificaciones a la línea seguida por la Sede Vaticana en los últimos años. El Comité acusó a la Santa Sede ser “poco transparente” en cuanto a los abusos que se produjeron en la Iglesia Católica en los últimos años. Los miembros del Comité —que hará públicas sus conclusiones el 31 de enero— no se mostraron muy satisfechos con las palabras del representante del Vaticano ante la ONU, Silvano Tomasi, que reconoció que entre el clero hay abusadores; aunque matizó que también los hay “entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo”. Los casos que son investigados por la Comisión no pudieron recabar demasiados detalles que ayuden a continuar en la búsqueda de responsables de estos abusos a menores. El papa Francisco se ha posicionado firmemente contra la pederastia y ha prometido medidas y reformas para luchar contra ella en el seno de la Iglesia, aunque esto no pasa todavía por mostrarse más transparentes hacia los observadores internacionales. CASOS EN VARIOS PAÍSES Los casos de pederastia ocurridos en el seno de la Iglesia suman una larga lista de países. Muchos aún se investigan. El informe elaborado por la Comisión Investigadora de Abusos De Niños, puesta en marcha en 2000 tras un aluvión de denuncias de abusos a menores cometidos por religiosos de la Iglesia católica irlandesa, concluyó que 35.000 niños fueron agredidos sexualmente entre los años cincuenta y ochenta. Los hechos ocurrieron en instituciones eclesiásticas, una red de reformatorios y escuelas industriales. En 2007, el entonces arzobispo de Los Ángeles (EE UU) pidió perdón a las víctimas de los abusos sexuales infantiles del clero. En respuesta a las familias de los afectados, la archidiócesis acordó indemnizarles con 508 millones de euros. El líder de la Iglesia católica alemana, el arzobispo Robert Zollitsch, reconoció en 2010 que las 205 agresiones sexuales, 46 de ellas de jesuitas, han llenado la Iglesia de “pesar, horror y vergüenza”. En 2012, William Lynn, monseñor de la archidiócesis de Filadelfia, la más grande de Estados Unidos, se convirtió en el primer alto cargo de la Iglesia católica de EE UU condenado por abusos a menores ocurridos en 1992. En aquella época, Lynn era quien asignaba destino a los sacerdotes de esta archidiócesis católica. El mismo año, la Iglesia de Australia admitió 620 casos de pederastia. Los abusos sexuales cometidos por órdenes religiosas en el Parlamento del Estado de Victoria en 1930 fueron calificados como “horribles y vergonzosos” por el arzobispo de Melbourne Hart. DENUNCIA, PERO POCA INFORMACIÓN Sus enviados a la inédita comparecencia ante el Comité de la Convención de Derechos del Niño en Ginebra, donde el Vaticano tenía que dar cuenta del cumplimiento de este tratado vinculante, no fueron tan contundentes. De hecho, el Comité, acusó a la Santa Sede ser “poco transparente” en este tema. “Este hecho es especialmente grave” en el seno de la Iglesia, admitió Silvano Tomasi, “ya que estas personas están en posiciones de gran confianza y son llamados a promover y proteger todos los elementos de la persona, como la salud física, emocional y espiritual”. Aunque habló de las diversas políticas y protocolos de prevención que el Vaticano ha puesto en marcha para frenar este tipo de delitos —entre ellas la creación por Francisco de una comisión específica para evitar que estos crímenes se sigan produciendo—, la delegación vaticana deslizó que los abusos a menores son algo del pasado. Tanto Tomasi como el obispo auxiliar de Malta, Charles Scicluna, el otro representante que participó en la comparecencia de más de seis horas ante los 18 miembros del comité de la ONU, respondieron con evasivas a las agudas e insistentes preguntas de estos expertos sobre los supuestos traslados de diócesis de los responsables de abusos, denunciados por las organizaciones de víctimas, la falta de transparencia en las investigaciones de la propia Iglesia o la respuesta del Vaticano ante estos casos. El mensaje de la Santa Sede fue constante: los religiosos no son funcionarios del Vaticano, dijo Tomasi, que argumentó que investigar y juzgar estos delitos corresponde a los Estados donde tuvieron lugar. DECEPCIÓN ENTRE ORGANIZACIONES DE VÍCTIMAS Ese discurso ha decepcionado a las organizaciones de víctimas, que lamentaron la falta de claridad sobre las sanciones a los culpables y la reparación a las víctimas. Esperaban que el cambio de rumbo que desde los últimos años de mandato de Benedicto XVI, y sobre todo con Jorge María Bergoglio, se tradujera en algo más que palabras y discursos. Pero la delegación del Vaticano no aportó apenas luz a las preguntas de los miembros del Comité que, en diciembre tras la presentación del primer informe (atrasado debía ser el quinto) sobre el cumplimiento de la convención firmada en 1990, había requerido más explicaciones sobre las denuncias de abusos a niños. La investigadora principal sobre derechos humanos del Comité, Sara Oviedo, inquirió a la delegación sobre la “alarmante” frecuencia en la que los religiosos “abusadores” son trasladados a otras áreas, en vez de entregarlos a la policía. Teniendo en cuenta la política de “tolerancia cero” de la Iglesia católica con los abusos, preguntó Oviedo, “¿por qué se hizo esfuerzos por cubrir y ocultar este tipo de casos?”. La delegación negó que la Santa Sede obstaculice las actuaciones de los Estados contra los abusadores —así lo afirmó también Tomasi en Radio Vaticano, donde dijo que ese argumento “no tiene fundamento”—. “Hay instrucciones claras para que estas acciones no se den” dijo Scilcuna, también juez en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que dijo que toman nota de las sugerencias del Comité. Tampoco los requerimientos constantes de Kirsten Sandberg, presidenta del Comité, que repreguntó insistentemente a los representantes vaticanos, tuvieron frutos a la hora de obtener datos sobre las investigaciones de abusos que lleva a cabo el Vaticano. El Vaticano se escuda en el “respeto”, la “protección” y la “privacidad” de las víctimas para mantener en secreto las pesquisas, aunque Tomasi señaló que para 2012 se habían documentado 612 casos de abusos sexuales que involucraban a personal del clero; 418 fueron abusos a menores. El observador permanente de la Santa Sede ante la ONU ha afirmado que “no hay excusa para cualquier forma de violencia o explotación de los niños”. “Estos crímenes -ha proseguido- no pueden justificarse nunca, se hayan cometido en el hogar, en las escuelas, en programas comunitarios y deportivos, en las organizaciones y estructuras religiosas”. “Esta es la política de larga data de la Santa Sede”, ha recordado Tomasi. Está por ver si las medidas impulsadas por Francisco podrán cambiar esta historia.