Bulgaria avanza hacia una restrictiva ley religiosa

El 4 de octubre el Parlamento de Bulgaria dio luz verde las modificaciones propuestas sobre las ley religiosa del país.

Dos documentos separados fueron redactados provocando un huracán de protestas por parte de todas las comunidades religiosas del país, incluyendo el Sínodo Ortodoxo Oriental, los musulmanes, todas las denominaciones protestantes, la comunidad armenia, la comunidad judía y La Nunciatura Apostólica de la Iglesia Católica.

Ninguna comunidad religiosa ha expresado su acuerdo total con los cambios propuestos. Se presentaron declaraciones contrarias por parte de varias denominaciones protestantes, por la Alianza Evangélica de Bulgaria, por el Consejo Nacional de Comunidades Religiosas en Bulgaria, así como por docenas de ONG de derechos civiles.

Con la nueva legislación, el estado está implementando fuertes restricciones sobre las donaciones internacionales para fines religiosos, y se está colocando en una posición de control sobre la capacitación y las actividades de los ministros eclesiásticos. Los cambios propuestos colocan al gobierno secular en posición de controlar los asuntos eclesiásticos e influir en la vida religiosa. Los puntos más conflictivos son:

- ¿Son insignificantes las comunidades religiosas pequeñas? El primer proyecto de ley, apoyado por los tres partidos políticos más grandes, trata a los grupos religiosos como si fueran entidades políticas. El documento insiste en medir la importancia de las denominaciones existentes de acuerdo con un censo nacional realizado en 2011. No se ofrece ninguna explicación para la selección del umbral del uno por ciento; Parece completamente arbitrario. También impone imperativos políticos para medir el apoyo y la importancia del tamaño denominacional. Además, el censo de 2011 nunca se presentó como una herramienta que fuera a servir a tal propósito.

- Las religiones más pequeñas: ¿amenaza para la seguridad nacional? Los documentos implican indirectamente que los grupos religiosos más pequeños representan una amenaza para la seguridad nacional. El segundo proyecto de ley insiste en que los ciudadanos búlgaros deberían poder llevar a cabo actividades litúrgicas solo cuando hayan completado su educación en Bulgaria o cuando su diploma extranjero sea reconocido por instituciones gubernamentales competentes.

- ¿Combatir la amenaza terrorista con una ley religiosa? La intención declarada de los parlamentarios ha sido combatir las oportunidades de radicalización sobre una base religiosa. Aunque como miembro de la UE, Bulgaria posee suficiente legislatura contra los desafíos de los grupos terroristas contemporáneos, tres grandes partidos políticos con una agenda política completamente diferente ahora han decidido contrarrestar el terrorismo a través de una ley religiosa. En gran medida, tal medida supondría una carga para el Comité de Asuntos Religiosos en la tarea de evaluar las amenazas terroristas sin directrices claras o incluso sin la capacidad para hacerlo.

- ¿Formación teológica severamente limitada? Según el primer proyecto de ley, el derecho a abrir escuelas de formación y capacitación para ministros religiosos se otorgaría solo a las religiones ortodoxa y musulmana. Todos los demás grupos religiosos, discriminados debido a un bajo número de seguidores autoidentificados de acuerdo con un censo nacional de 2011, no podrán abrir sus propias instituciones para la capacitación del clero. Se prohibirá la emisión de certificados académicos a estudiantes de teología para todas las religiones más pequeñas.

- ¿Restricciones al clero no búlgaro? Ambos proyectos de ley establecen fuertes restricciones para los extranjeros que quieran realizar tareas religiosas en el país. La única forma en que un extranjero (un misionero, un predicador, un maestro, un evangelista, etc.) podría realizar un culto de adoración o predicar un sermón sería si lo está haciendo conjuntamente con un ministro ordenado búlgaro.

- ¿Filtro controlado por el estado para donaciones internacionales? La única forma en que se permitirán las donaciones desde fuera de Bulgaria es si cumplen dos requisitos: el propósito de la financiación solo puede ser para la construcción de edificios o para la ayuda social; la donación en sí necesitará un permiso preliminar emitido por el Comité Estatal de Asuntos Religiosos. En otras palabras, no se permitirá el patrocinio extranjero para el funcionamiento de centros médicos administrados por cristianos, actividades educativas, publicaciones literarias, eventos culturales, pequeñas empresas, iniciativas de voluntarios, etc. Además, no se han descrito los parámetros para que el Comité de Asuntos Religiosos decida qué donaciones pueden ser permitidas en el país.

- ¿Interferencia del Estado en los asuntos religiosos? El gobierno se ha comprometido a destinar 15 millones de BGN (aproximadamente 7,5 millones de euros) anualmente de su presupuesto secular para pagar salarios mensuales a los sacerdotes ortodoxos y los imanes musulmanes. Al intentar controlar las donaciones, interferir con la educación teológica e instalar regulaciones estatales sobre cuestiones de responsabilidad del clero, el estado búlgaro está asumiendo erróneamente el poder en la vida interna de las comunidades religiosas. Casi todos los artículos del proyecto de ley recientemente propuesto, errónea e injustamente, reclaman autoridad política sobre la vida religiosa. ¿Qué pasó con la separación Iglesia-Estado?

En este contexto, el primer ministro Boyko Borisov sostuvo reuniones oficiales con el patriarca ortodoxo oriental Neofit y el jefe musulmán Mustafa Hadji. El muftí insistió en que la Ley de Denominaciones Religiosas debería establecer un límite inferior de financiamiento para garantizar los salarios del clero musulmán. El patriarca expresó desacuerdos con el nuevo proyecto de ley, incluidos los temores de violación de la autonomía de la iglesia. Insistió firmemente en que la vida de la iglesia debe ser gobernada exclusivamente por sus propios cánones. Tampoco estuvo de acuerdo con la noción de radicalismo religioso.

En un intento por calmar las objeciones de las dos grandes religiones que cruzan el umbral del uno por ciento, el primer ministro búlgaro Borisov aseguró al patriarca y al muftí que a partir de ahora el presupuesto nacional pagaría todos los salarios de los clérigos ortodoxos y musulmanes, igualándolo a los salarios mensuales de maestros de escuelas públicas. Ambas religiones parecen estar felices con este desarrollo (a pesar de que el Sínodo ortodoxo emitió una declaración objetando gran parte de los puntos de la ley).

Después de que se aprobaran los proyectos de ley en primera lectura en el parlamento, hubo un período para posibles objeciones y discusiones antes de redactar la ley final. El plazo finaliza el 16 de noviembre de 2018.

Mientras tanto, el presidente del Comité de Asuntos Religiosos del estado, Krasimir Velchev, redactó un borrador unificado de las dos leyes propuestas y lo presentó como un intento de reunirlos en un documento final. La llamada “ley conjunta” combina artículos de las otras dos modificaciones y se depositó en el registro el viernes 19 de octubre.

Insatisfecho con estos desarrollos, las comunidades protestantes en Bulgaria ahora están considerando una serie de acciones. Además de un llamado urgente a la oración contra la nueva política estatal de interferencia en los asuntos de la iglesia, la Alianza Evangélica Búlgara (BEA) también insistió en ser invitada al comité para discutir los artículos enmendados sobre la ley. 

El pastor Rumen Bordjiev, presidente de la BEA, salió en directo en la televisión nacional expresando fuertes desacuerdos por las nuevas fórmulas legales; mientras que la secretaria de la entidad evangélica, Greta Ganeva, fue elegida para sentarse en la mesa de discusión en el parlamento evaluando el nuevo proyecto de ley. La Alianza Evangélica también ha exigido una reunión especial con el primer ministro del país, Boyko Borisov, para expresar una negativa explícita a aceptar tal intervención del gobierno en los asuntos religiosos.

Además, una gran cantidad de líderes evangélicos de distintas denominaciones se reunieron el miércoles 24 de octubre para acuñar una estrategia de protesta civil. Varias ONG también están considerando unir esfuerzos y posiblemente incluso tomar acciones legales, unidos bajo la opinión unánime de que la nueva ley es discriminatoria, anticonstitucional e injusta.