Continúan detenidos 10 misioneros bautistas acusados de tráfico de niños en Haití

Los diez estadounidenses pertenecen a la iglesia bautista de Idaho, y colaboraban con una misión que tiene varios centros de acogida en República Dominicana. Ellos niegan que intentasen secuestrar a los 33 niños que transportaban hacia un orfanato y mantienen que en ningún momento les pasó por la cabeza traficar con ellos y que simplemente buscaban lo mejor para los niños. Pero las autoridades de Haití detuvieron el autobús con el que pretendían atravesar la frontera, ya que no poseían la documentación necesaria para sacar a los niños del país. Según la legislación haitiana, los ciudadanos estadounidenses podrían ser condenados con hasta nueve años de cárcel por uno de los cargos, según el decano del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, Gervais Charles. Hall Nunginten, un estadounidense que dirige un orfanato en Puerto Príncipe, indicó que los 10 estadounidenses bautistas llamaron a su organización para que les cediera niños. «Pero yo dije que de aquí no salía ninguno. Ellos aseguraban que tenían permiso del ministro, no sé exactamente si se referían al ministro de Haití o de República Dominicana. Pero a mí me sonó muy extraño. Un proceso de adopción dura a veces hasta tres años, no es algo que se pueda hacer en tres días. Tal vez no lo han hecho con mala intención, pero seguro que desconocen el terreno de las adopciones», añadió. Los diez estadounidenses, de entre 18 y 55 años, reconocieron durante el interrogatorio del fiscal que aparentemente cometieron un ilícito al intentar sacar a los niños del país sin los documentos apropiados. «No sabíamos que lo que estábamos haciendo era ilegal. No teníamos intención de violar la ley. Pero entendemos que es un crimen», dijo Paul Robert Thompson, un pastor que lideraba el grupo en una oración durante un descanso de la audiencia. La situación se complica para los misioneros, que enfrentarán al juez esta semana sin la representación del abogado Edwyn Coq, contratado para defender su caso, pero que anunció su renuncia tras ser acusado de intentar corromper al juez. «Los padres de esos estadounidenses no renovaron su compromiso con respecto al trato de pago de mis honorarios», explicó el abogado. «No sólo no me han dado nada hasta ahora, sino que además se permiten manchar mi reputación diciendo que les pedí dinero para corromper al juez», se quejó el letrado. LOS PADRES CULPAN AL GOBIERNO La mayor parte de los 33 niños tienen padre y madre. Veinte de ellos vivían en la aldea de Calebasse, a una hora de Puerto Príncipe. Y todos ellos volverían a entregarle los niños a los diez bautistas que vinieron a recogerlos. No conocen a ninguno de ellos, no los habían visto jamás. Pero conocen al blanco que los trajo a Calebasse. Y se fían de él. «Lo conocemos desde hace nueve años. Tiene un orfanato en Puerto Príncipe y durante todos estos años a nosotros nos ha traído medicinas, ropa, comida y educación para nuestros hijos. Después del terremoto vino con los otros blancos y nos dijo que ellos podían dar un futuro mejor a los niños. Y estamos convencidos de que así iba a ser. Ha sido el Gobierno el que lo ha impedido, el mismo Gobierno que todavía no ha venido aquí a interesarse por nuestra situación», comenta Florance, madre del niño de ocho años Carl Ramirez Antonne, quien se encuentra ahora en las instalaciones de la ONG Aldeas Infantales. Lo mismo le sucede a Brutute Milien, de 28 años. Vive con su abuela y decidió entregar a su hermano Nacofa, de 9 años. «Mi padre murió hace dos años y mi madre está inválida. Tengo otro hermano de 15 años y mi abuela. Creo que hice lo mejor que pude hacer por Nacofa. Nos dijeron que se los llevaban a República Dominicana y que a lo mejor dentro de tres meses podríamos ir a verlos; o los niños podrían venir a visitarnos más adelante. Y seguro que lo iban a hacer así, pero el Gobierno ha complicado las cosas», señala. «Somos campesinos, no tenemos apenas para comer», insiste Florance. Aseguran que «los blancos» no les pagaron a cambio de llevarse a los niños. Sólo intentan que cualquier blanco haga las gestiones necesarias para que se levanten las casas destruidas en Calebasse y mejore las condiciones de vida. REACCIONES POLÍTICAS El primer ministro haitiano Jean-Max Bellerive lamentó la semana pasada que este caso esté acaparando la atención sobre un país donde «hablan más de diez personas que del otro millón que sufre en las calles». Hasta Bill Clinton, que ha vuelto a viajar a Haití para seguir de cerca la reconstrucción del país, se refirió al caso. Clinton no excusó a los misioneros, aunque también expresó que «podrían estar diciendo la verdad cuando argumentan que simplemente querían ayudar a los niños y no pretendían violar la ley». «El Gobierno de Haití no está buscando una gran pelea. Sólo quiere proteger a sus niños y también asegurarse de tener un buen inventario, así no envían niños a otro lado que tal vez tengan una tía o un tío», dijo Clinton. También Hillary Clinton se refirió al caso, diciendo que lo «está siguiendo», pero dejó claro que no quiere interferir. «Obviamente este es un tema del sistema judicial haitiano», dijo la Secretaria de Estado. Mientras, todos esperan expectantes lo que pueda decir la justicia haitiana, tan dañada como cualquiera de los otras fuerzas de orden y gobierno en el país.