Representantes de confesiones «no católicas» reclaman al Estado reformar la financiación de las religiones

Ante la próxima reforma de la Ley de Libertad Religiosa, las confesiones minoritarias en España, entre las que se encuentra la evangélica, han mostrado su oposición a que el Estado continúe «recaudando» para la iglesia Católica a través del IRPF y piden casi de forma unánime -la excepción es la iglesia ortodoxa- que se revisen los privilegios adquiridos por el Vaticano en el Concordato de 1979.

MADRID · 21 DE JUNIO DE 2010 · 22:00

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La mayoría de las confesiones se muestran conformes con algunos de los cambios que se anuncian en la nueva Ley de Libertad religiosa, como es el avance de la laicidad y la protección de los espacios públicos. Pero lamentan que el texto no aborde la financiación de las confesiones ni recorte las competencias de unos Ayuntamientos generalmente muy cicateros a la hora de permitir la apertura de templos. «Nuestra mayor objeción al borrador de la ley la hacemos a algo que no figura en ella: la financiación», señala Jaume Llenas, secretario general de la Alianza Evangélica Española. Todas las confesiones minoritarias lamentan, en mayor o menor medida, esa omisión. «Mantener ese 0,7% es discriminatorio con los demás», sostiene Mohamed Ali, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), uno de los dos pilares del islam español. DISTINTAS POSIBLES SOLUCIONES Pero las discrepancias afloran cuando formulan ideas sobre cómo subsanar esa «parcialidad». Algunos aspiran a que se generalice el modelo de financiación del que se beneficia la Iglesia católica. No es el caso de los Testigos de Jehová, que optan por una separación clara entre las iglesias y el Estado. «¿Por qué debe pagar el Estado a los profesores de religión o subvencionar el ejercicio de mi fe?», se sorprende Aníbal Matos, portavoz de los Testigos de Jehová. «Que las instituciones reciban directamente dinero supone convertir al Estado en recaudador de esa confesión y crear relaciones de dependencia no deseables», añade Llenas. «Si de verdad España avanza hacia un Estado laico lo mejor sería que desaparezca esa contribución impositiva a la Iglesia», recalca Mohamed Ali. «Ahora bien, si no es posible eliminarla, entonces los contribuyentes de otras confesiones deben poder hacer esa misma aportación del 0,7% a sus instituciones». «Así, en tiempos de crisis, podríamos renunciar temporalmente al 0,7% en beneficio del Estado y ayudarle a ahorrar», bromea Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España sin negarse a esta posibilidad. «Quizá el Estado no debería costear con los impuestos el culto, pero sí las actividades sociales de las confesiones como lo hace con las ONG», matiza Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Lo ideal, para la Alianza Evangélica Española sería más bien que se aumente la cantidad deducible del IRPF por donaciones a instituciones religiosas. Cuanto más pequeña es la comunidad religiosa, más empeño ponen sus líderes en subrayar su autonomía económica. «Nosotros nos autofinanciamos a través del diezmo», subraya Faustino López, director de los mormones. «Los budistas siempre hemos sido autosuficientes y la envidia [hacia los católicos] no encaja en nuestras creencias», añade Luis Morente. La gran excepción son los cristianos ortodoxos, cuyo número de fieles en España se ha disparado estos últimos años a causa de la inmigración rumana y, en menor medida, búlgara y ucraniana. Para darles cabida, la Iglesia católica les presta templos en los que celebran su liturgia y hasta bodas y bautizos. Incluso se les permite decorar la iglesia mientras dura la ceremonia con sus ornamentos. Quizá por eso los ortodoxos son más comprensivos. «España es un país mayoritariamente católico», dice Teófilo Moldovan, arcipreste ortodoxo rumano. «No puedo pretender que equiparen a mi iglesia con la católica», prosigue. «Sí ansío mejoras, como concluir un acuerdo con el Estado como el que hace 18 años lograron judíos, musulmanes y evangélicos». El grueso de los cristianos ortodoxos han estado sometidos durante largos años a regímenes comunistas que marginaban la religión. Esas vivencias les marcan ahora al valorar la ley de Libertad Religiosa en gestación. «Hay que tener cuidado de ir demasiado lejos por el camino de la laicidad», advierte Andrés Kordochkin, presbítero de la Iglesia Ortodoxa rusa de Madrid. «Tenemos muy malos recuerdos de una Unión Soviética, donde la exhibición de símbolos religiosos, como la cruz pectoral, estaban muy mal vistos y acarreaban problemas al que lo llevaba2. A juzgar por su borrador, la ley española no veta los símbolos religiosos individuales. ASPECTOS A MEJORAR Las confesiones minoritarias aprueban, en cambio, gran parte de la iniciativa en la renovación de la Ley. «A grandes rasgos supone una posición más neutral del Estado, favoreciendo una convivencia plural sin que ninguna confesión sea discriminada ni se les otorguen privilegios especiales», señala Pedro Tarquis, portavoz de la Alianza Evangélica Española (AEE). Pero no se resuelven dos problemas, dejando ya la cuestión de la financiación aparte. El primero, las reticencias de los Ayuntamientos a permitir la construcción de templos no católicos. «Se resisten a causa de los musulmanes, pero nos afecta a todos», se queja Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Evangélicas de España, que reagrupa a las grandes denominaciones protestantes en su representación legal ante el Estado. «No se puede seguir dejando en manos de los Ayuntamientos el ejercicio de un derecho constitucional», añade. El segundo, expresa Jaume Llenas, querer limitar la objeción de conciencia a los casos que ya regulan las leyes actuales, cuando “la objeción es precisamente cuando no se puede obedecer en conciencia una Ley”. EL PP VE «INNECESARIA» LA LEY «La libertad religiosa ya está reconocida por la Constitución y por la ley orgánica de 1980 que sigue vigente y sigue siendo válida», asegura Santiago Cervera, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso. «¿Por qué regular una cuestión ya regulada y bien regulada?», se pregunta Alfonso Alonso, otro portavoz adjunto del PP. «Mejor no crear problemas donde no los hay porque no hay una demanda para sacar el hecho religioso del espacio público empezando por los crucifijos». Alonso sospecha que se trata de «una cortina de humo» para hacer olvidar los problemas que sufre España. Cervera cree, por su parte, que con una ley de «perfil netamente izquierdista» el Gobierno busca compensar «la marcha atrás que ha dado para ahorrar en materia de protección social». MULTIMEDIA Pueden leer aquí el Comunicado sobre la nueva Ley de Libertad religiosa hecho público por la Alianza Evangélica Española. Y también pueden oir aquí una entrevista realizada por Esperanza Suárez a Jaume Llenas (abogado y Secretario general de la AEE) sobre la nueva Ley de Libertad Religiosa.

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