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Leopoldo Cervantes-Ortiz
 

El galimatías actual de la laicidad en México

Continuarán las polémicas decisiones de este gobierno en materia religiosa, lo que sin duda hará más tensas las relaciones con los sectores sociales profundamente interesados en afirmar la laicidad del Estado mexicano.

GINEBRA VIVA AUTOR Leopoldo Cervantes-Ortiz 05 DE JULIO DE 2019 10:05 h
Dos mujeres leyendo la Cartilla Moral de Alfonso Reyes.

Para responder a una pregunta sobre lo que es la laicidad en un programa de radio, el pastor Arturo Farela Gutiérrez, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) se refirió a las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): “‘Estado laico es donde caben todas las iglesias de todas las confesiones religiosas, los ateos, los agnósticos, los 125 millones de mexicanos’”. Y agregó, de su propia cosecha: “Eso es Estado laico, pluralidad, libertad, democracia, derechos humanos, no antirreligiosidad. El Estado laico no significa ateísmo” (cit. por Raymundo Riva Palacio, “Los soldados de la 4T”, en El Financiero, 3 de julio de 2019). La misma persona se ha expresado en términos muy similares en cuanta entrevista se le pone delante. Lo hizo también en otro programa de radio conducido por Julio Hernández, en donde estuvo acompañado por el sociólogo y analista Bernardo Barranco. 4T es la abreviatura de la llamada “cuarta transformación”, que es la manera en que AMLO ha denominado a su régimen, en alusión a las otras tres transformaciones en la historia de México, desde su perspectiva particular (independencia, reforma, revolución).



Y es que, en efecto, como se enuncia aquí desde el uso de la palabra galimatías (“Lenguaje oscuro por la impropiedad de la frase o por la confusión de las ideas”. “Confusión, desorden, lío”, tal como la define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española), el concepto de laicidad y, más específicamente, de Estado laico, tal como está plasmado en la Constitución mexicana, ya no coincide mucho con las expresiones, pero, sobre todo, con la práctica del presidente en turno. Porque la suma de acciones al respecto ya es abundante y comprometedora. Todo empezó desde la toma de posesión de AMLO como presidente cuando expresó: “Se logrará el renacimiento de México haciendo realidad el progreso con justicia y una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. Promoveremos el bienestar material y el bienestar del alma. Se garantizará la libre manifestación de ideas y de creencias religiosas […] Vamos a convocar a maestros, antropólogos, psicólogos, sociólogos, filósofos y profesionales de otras disciplinas, así como a religiosos, librepensadores, ancianos respetables y ciudadanos en general para la celebración de un congreso en el cual se elabore una Constitución Moral, que ayude a fortalecer valores nacionales, culturales y espirituales”. Esa línea de acción la ha venido corroborando en los siete meses que ha cumplido en el poder, un año después de su triunfo electoral.



Farela Gutiérrez, en los hechos, ha estado fungiendo como una especie de “comisario religioso” gubernamental que ha enarbolado el estandarte de la renovación moral anunciada por este régimen, lo que también observó Riva Palacio:




La cuarta transformación tiene un estado superior, el paraíso, pero terrenal, no metafísico. Para alcanzarlo, sin embargo, se necesita la fe. Y para alimentar la fe y utilizarla como catalizador, se necesita un ejército. Esta milicia la tiene lista el presidente Andrés Manuel López Obrador, miles de personas en espera de sus instrucciones para comenzar a difundir el evangelio de la “nueva patria” que anunció el lunes en el Zócalo, que se sustentará en la inyección de principios éticos. López Obrador, un hombre profundamente religioso, fundamenta en ese conjunto de valores el éxito del país que desea. El general que comandará las tropas que diseminarán sus postulados es Arturo Farela, quien fue presentado nacionalmente el 8 de junio, al ser uno de los invitados a hablar en Tijuana, en el acto presidencial tras la suspensión de la aplicación de aranceles.




Esas y otras acciones, como a la que alude el artículo en cuestión, cuando en una ceremonia convocada por el gobierno en la frontera norte el sábado 8 de junio, dos religiosos (Farela y el sacerdote católico Alejandro Solalinde) tomaron la palabra para apoyar las negociaciones con Estados Unidos (Cf. Luis Hernández Navarro, “Con Dios de nuestro lado”, en La Jornada, 11 de junio de 2019), marcadas por el enorme triunfalismo con que algunos sectores evangélicos han recibido esta impensable presencia en el ámbito político del país, están produciendo gran irritación entre los analistas y algunos legisladores que no han dejado pasar la oportunidad de señalar todo ello como una serie de exabruptos presidenciales (véase: “Que las iglesias prediquen la cartilla moral de la 4T es un atentado al Estado laico: PRD”, en La Otra Opinión, 27 de junio de 2019). Riva Palacio cita los argumentos de Farela que explican su entusiasmo colaboracionista: “La Confraternidad cuenta con feligreses en siete mil congregaciones. Según Farela, la totalidad de cristianos evangélicos es de alrededor de 35 millones, y en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, ‘tenemos más del 50 por ciento de la población total’. Farela habla el mismo lenguaje de López Obrador”.



 



Arturo Farela hablando en un acto el 9 de junio en Tijuana.



La iglesia católica, por su parte, se deslindó abiertamente de la posibilidad de participar en la promoción de la Cartilla Moral (escrita por Alfonso Reyes hace 75 años) anunciada por el presidente y que el presidente de Confraternice confirmó con notorio entusiasmo, que ha compartido en cuanta ocasión se le presenta. Así lo dejó claro el vicario general de la diócesis de Querétaro (al norte de la capital mexicana), Martín Lara Becerril: “La Iglesia Católica es respetuosa de las decisiones de otras religiones en torno a la difusión de mensajes políticos, pero tiene claro que su misión es la predicación del evangelio y la doctrina cristiana. […] No haría falta integrar un nuevo código moral dentro de la iglesia católica cuando está suficientemente explícita y amplia como abarcar todo un proyecto moral con la sociedad” (Alejandro Payán Vázquez, “Católicos no tomarán carta moral de AMLO”, en Diario de Querétaro, 28 de junio de 2019).



A su vez, Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, dijo desconocer el acuerdo del gobierno con algunas iglesias para difundir el documento (David Casas, “CEM desconoce acuerdo del Gobierno para difundir la cartilla moral”). Precisamente El Sol de México fue el medio que dio mayor cobertura al anuncio de la colaboración de las iglesias evangélicas mediante un encabezado que buscó la mayor espectacularidad: “Evangelistas predicarán cartilla moral de AMLO” (Gabriela Jiménez, 27 de junio de 2019) y una fotografía de la reunión de AMLO con integrantes de Confraternice en febrero pasado.



En un amplio repaso histórico, las especialistas Ana Razo y Catherine Andrews observan atentamente la relación estratégica, consciente o no, de la insistencia lopezobradorista en la educación o formación ética con los recientes impulsos católicos y evangélicos en contra de los derechos humanos, de lo cual han dado sobradas pruebas en los últimos meses:




La pregunta obligada apunta a la política educativa. ¿Qué tipo de educación cívica queremos fomentar en las escuelas? ¿qué ciudadanía promueve la escuela pública? La perspectiva de los derechos humanos es la que adopta explícitamente la Constitución; se tiene la expectativa de que juegue un papel importante en las políticas de civismo en todos los niveles del gobierno. Sin embargo, desde hace varios años existe en México un movimiento católico y evangélico de oposición a los derechos humanos, que se expresa a favor de los valores tradicionales de la heterosexualidad, y desde luego tiene un deseo abierto de influir en el contenido del civismo. En este contexto, la Cartilla moral y la insistencia del presidente López Obrador de que México requiere “una constitución moral” provoca críticas: es difícil no interpretar esta acción como un intento de frenar la educación en derechos humanos y de fomentar una educación de moral cívica más cristiana (ver aquí).




En ese sentido, el gobierno de AMLO ha tenido que cargar con la incomprensión del sector más duro de las iglesias evangélicas que lo acusan de promover la “ideología de género”, de modo parecido a como se están comportando grupos afines en otros países latinoamericanos. La reciente asamblea de la Organización de Estados Americanos en Medellín, Colombia, en la que varias organizaciones de esta tendencia se hicieron presentes (Jacobo García, “Derrotada la iniciativa encabezada por Colombia para reformar la defensa de Derechos Humanos en la OEA”, en El País, Madrid, 28 de junio de 2019: “Para muchas organizaciones civiles, detrás de la oleada conservadora encabezada por el gobierno de Iván Duque de Colombia, Sebastián Piñera de Chile, Jair Bolsonaro de Brasil, Mauricio Macri de Argentina o Mario Abdo de Paraguay, está también un poderoso lobby religioso con alcance internacional. Una fusión de grupos evangélicos y católicos, donde juega un enorme peso la estadounidense Alliance Defending Freedom (ADF), y que firmó en junio de 2017 en México su acta fundacional, suscrita por 670 parlamentarios de 18 países de América Latina. En ella expresan su rechazo a que las resoluciones de la OEA y de la Comisión, así como los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obliguen a los estados miembros a modificar sus leyes locales ‘en asuntos relacionados a la vida, la familia y la libertad religiosa’”.) y el lamentable comunicado de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, fechado el 1 de julio, son muestras de ello. 



López Obrador ha estado presentando un flanco notoriamente débil al insistir, una y otra vez, en una interpretación sumamente cuestionable, laxa y superficial, de la laicidad, y en la reiterada intención de influir en la “espiritualidad” de la población, lo que se ha señalado también como un gran despropósito. Incluso, se tomó una determinación formal que contraviene abiertamente varios artículos constitucionales, sobre todo el 40 y el 130: la modificación del reglamento interior de la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) a fin de asignar tareas a las iglesias o asociaciones religiosas a favor de las políticas del régimen actual. La modificación del artículo 86, inciso XIX, acerca de las atribuciones de la Dirección General de Asuntos Religiosos, reza como sigue: “Proponer y coordinar estrategias colaborativas con las asociaciones religiosas, iglesias, agrupaciones y demás instituciones y organizaciones religiosas, para que participen en proyectos de reconstrucción del tejido social y cultura de paz que coadyuven a la consecución de las atribuciones materia de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos” (Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de 2019).



 



Reunión en la Secretaría de Gobernación con representantes de la Asociación Billy Graham.



Este cambio, impensable en otras épocas, sumamente desaseado en la manera de implementarlo, manifiesta cómo entiende el presidente la presencia y acción de las iglesias, aun cuando analistas como Bernardo Barranco se han referido al fracaso de éstas en la “moralización” de la sociedad. Este sociólogo y periodista, muy activo en los medios, afirmó: “La crisis de valores no solo es secular es también una debacle religiosa. Las Iglesias en especial la católica son igualmente responsables de la degradación de los principios y de la corrupción imperante en el país. Por ello, tampoco son una garantía absoluta de una renovación moral ni de fortalecer la ética en la sociedad” (B. Barranco, “Las iglesias han fracasado en la moralización social”, en Milenio, 3 de julio de 2019, www.milenio.com/opinion/bernardo-barranco/posteando/las-iglesias-han-fracasado-en-la-moralizacion-socia). Barranco abordó antes el asunto en dos artículos que muestran la preocupación por el deterioro del Estado laico en los últimos meses: “La laicidad según AMLO” (La Jornada, 12 de junio de 2019) y “La deconstrucción de la laicidad mexicana” (La Jornada, 26 de junio de 2019). En el segundo, afirma:




Hemos advertido en diferentes momentos que el empoderamiento de iglesias conservadoras puede llevar a tensiones sociales y a escenarios peligrosos de intolerancia que pueden perturbar la paz social y la convivencia armónica de la sociedad. En especial contra las mujeres, contra grupos homosexuales y crispación en torno a imposiciones a un tipo de familia natural, aborto, muerte digna, matrimonios igualitarios y muchos otros temas. […] La 4T necesita fundamentar su proyecto de laicidad porque hasta ahora sólo está demoliendo una tradición política, jurídica e histórica como ningún otro régimen.




Al mismo ritmo de la acumulación de acciones presidenciales que muestran la comprensión sui generis de la laicidad, se han sumado situaciones complicadas y penosas como el escándalo originado por la celebración de los 50 años de Naasón Joaquín García, líder absoluto de la Iglesia La Luz del Mundo, el 15 de mayo, a lo que se sumó su casi inmediata detención en Estados Unidos acusado de 26 cargos de abuso sexual (véanse: “Bellas Artes abrió sus puertas para un evento religioso de La Luz del Mundo”, en Infobae, 16 de mayo de 2019, y Stefanie Dazio y María Verza, “EEUU: líder de Iglesia La Luz del Mundo acusado de violación”, en AP News, 4 de junio de 2019). Barranco dedicó dos emisiones de su programa televisivo Sacro y Profano a lo sucedido: el primero, el 27 de mayo y el segundo, el 10 de junio, con la participación del autor de estas líneas y del exsacerdote Alberto Athié.



Otros artículos han destacado la problemática comprensión del gobierno actual acerca de la naturaleza del Estado laico y sus obligaciones en esa materia. Es el caso de Maru Jiménez Cáliz junto con Luis Guillermo Hernández, Luis Cárdenas y Guillermo Sheridan. Los primeros dieron cuenta de los avances en la participación de las iglesias en lo que va del sexenio, desde las primeras reuniones de Farela con AMLO hasta las iniciativas del área correspondiente para incorporar a las iglesias “en la reconstrucción del tejido social” (“Gobierno de AMLO abre las puertas a iglesias: las utilizará para impulsar objetivos de la #4T”, en Aristegui Noticias, 18 de junio de 2019).



Cárdenas, luego de reconocer que AMLO puede practicar la religión que le plazca, lo criticó enfáticamente: “Si una cartilla moral sobra para un país con el nivel de problemas que tenemos, resulta aún más ocioso que se utilice a grupos religiosos para difundirla y discutirla, confirmado está que iglesias evangélicas dirigidas por Arturo Farela, repartirán en los templos, eventos religiosos y ¡casa por casa! el mensaje de la 4T plasmado en la mentada ‘cartilla’ […]”. (“¡Dios salve al Peje!”, en El Universal, 2 de julio de 2019; Cárdenas entrevistó a Farela). Sheridan, investigador de la UNAM, con su estilo sarcástico, se ocupa de la cercanía de Farela con AMLO y concluye: “Luego de discutir las propuestas el Pastor Farela narra que sucedió esta escena emotiva y aleccionadora: ‘El señor presidente, nos invitó a estar en su oficina privada, en donde conocimos la antigua silla presidencial que rehusó utilizar el general Emiliano Zapata, arguyendo que estaba embrujada. En ese momento el hermano Raúl Moreno Villafuerte, hizo una breve oración para que la silla presidencial quedara libre de cualquier espíritu maligno, en caso de ser necesario’ (sic). Y listo: ya no hay espíritu maligno” (“La Iglesia en el Palacio”, en El Universal, 2 de julio de 2019, ).



Finalmente, lo más reciente que ha encabezado Confraternice fue una reunión en las oficinas de Diana Álvarez Maury, Subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, con representantes (Chris Swanson y Jason Edgerton, principalmente) de la Asociación Billy Graham, fundada por el consejero de una larga lista de presidentes estadunidenses en las décadas pasadas, y que preside ahora su hijo Franklin, uno de los defensores de Donald Trump en el ámbito de la derecha evangélica desde antes de las elecciones de 2016. La reunión, según Farela, tuvo como objeto “continuar colaborando con el gobierno federal en los diferentes programas sociales, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos ha invitado a colaborar” (en su muro de Facebook). Al parecer, continuarán las polémicas decisiones de este gobierno en materia religiosa, lo que sin duda hará más tensas las relaciones con los sectores sociales profundamente interesados en afirmar la laicidad del Estado mexicano, que se encuentra ahora en tan grave riesgo.


 

 


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