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El objetivo es redactar un texto que formalice las limitaciones de los templos. La comunidad protestante espera que se escuche a los diferentes colectivos religiosos. Los musulmanes serían los más afectados por la decisión.
En el mes de Julio de 2014 el Ayuntamiento de Reus decidió prohibir la apertura de nuevos centros de culto durante un año, reservándose la posibilidad de prorrogar la prohibición otro más. Ante la noticia, las comunidades católica (30.000 censados) y de testigos de Jehová (900 feligreses) apenas reaccionaron, y aseguraron que era necesario establecer una normativa especial en materia de locales religiosos y que acatarían lo que desde el consistorio se promulgase. Los colectivos protestante (3.000 personas, aproximadamente) y musulmán (14.000 feligreses) se posicionaron abiertamente en contra y afirmaron, respectivamente, no comprender la decisión y ver motivos políticos en el veto.
En el pleno de este lunes, el Ayuntamiento (gobernado por CiU en minoría) ejecutó, con 15 votos a favor (CiU, PP, Ciudadanos y Ara Reus) y 12 en contra (CUP, PSC Y ERC), la prórroga por otro año más de la suspensión de licencias para abrir nuevos locales de culto en la ciudad. El objetivo, según fuentes del propio consistorio, es utilizar este periodo de tiempo para redactar un texto que establezca unos requisitos que deberán cumplir los templos de culto en la ciudad.
El documento que se pretende elaborar tendría un carácter básicamente urbanístico y fijaría un límite de 100 metros cuadrados de superficie máxima a los locales de culto en zonas residenciales, y de 250 metros cuadrados a los que se sitúen en áreas industriales y polígonos. En este sentido, la comunidad musulmana sería la más afectada. Actualmente, está intentado abrir su segunda mezquita en la ciudad, en el barrio Juroca, pero la nave industrial donde se ubicaría es de 500 metros cuadrados, por lo que con la nueva normativa sería imposible.
Otro de los parámetros que se proponen es que haya una distancia mínima de 250 metros entre centros de culto, lo cual afectaría especialmente al colectivo protestante, que tiene más de quince locales distribuidos en la ciudad. Aún así, el Consell Evangèlic de Reus espera que sea un espacio para el diálogo entre grupos religiosos y autoridades a la hora de definir la nueva norma. “No hay motivos para dilaciones mayores. Las comunidades religiosas deben ser oídas en este proceso y tener cuanto antes una normativa con la que poder regular su crecimiento”, explica el representante del Consell Evangèlic de Reus, Rafael Arencón.
Arencón asegura que esta prórroga es activa, en lugar de “la moratoria que había hasta ahora, que no obligaba a nada, y que era una mera prohibición”. Según confirma, “este año debe servir para aprobar la normativa, de la que ya hay bastantes puntos de consenso avanzados”, y defiende que incluso podría darse la posibilidad de abrir nuevos centros de culto antes de que acabe el período de tiempo del veto.
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