La ley de culto catalana no reservará suelo municipal para ninguna confesión

Tras las últimas enmiendas presentadas por el tripartito, los ayuntamientos catalanes deberán prever la asignación de usos de tipo religioso en los planes de ordenación urbanística de acuerdo con sus necesidades y su disponibilidad, y no de una forma obligatoria, como contemplaba el proyecto inicial. Antes de las enmiendas presentadas por el tripartito el proyecto de ley establecía la obligatoriedad de prever en los planes de ordenación urbanística municipal suelo para admitir la ubicación de centros de carácter religioso. La normativa no exigía que fuera suelo público. Fuentes del tripartito explicaron que la ley se ha enmendado después de consultar con expertos, para «evitar confusiones» y redactarla con «más consenso» con la sociedad civil y los representantes religiosos. Asimismo, estas fuentes señalan que con las enmiendas se evitarán malentendidos, como que entidades religiosas exijan equipamientos a los municipios, al tiempo que remarcan la importancia de introducir en la ley la adaptación de los planes de ordenación urbanística «de acuerdo con la disponibilidad de cada municipio». Otro de los objetivos de las enmiendas es que la ley sea más «flexible» con los requisitos que deben cumplir los centros ya existentes, sobre todo en materia de seguridad y salubridad, porque la ley «no busca cerrar masivamente los centros religiosos». La ley también cambiará de nombre, ya que con las enmiendas se omitirá la alusión a «centros de reunión con fines religiosos» y únicamente se denominará Ley de centros de culto.