Se cumplen tres décadas de acuerdo entre la Iglesia católica y el Estado Español

El Estado y la cúpula de la iglesia católica atraviesan un momento de franca distensión, sobre todo en temas como la familia, el aborto o la investigación con células madre. Pero aunque pocos apostaban por la concordia entre un Gobierno socialista y un Episcopado comandado por el sector más conservador, las últimas manifestaciones convocadas por la iglesia católica evidenciaron una rebaja en el tono de la crítica, muy lejos de las feroces andanadas lanzadas un año atrás en el multitudinario acto por la familia. En la manifestación organizada este fin de año no sólo hubo menos asistencia, sino también menos alusiones al Gobierno. Sí hubo críticas al aborto en la homilía de Rouco Varela, pero la cabeza de la jerarquía eclesiástica obvió otros temas como la polémica Educación Para la Ciudadanía. Esta situación es en buena medida resultado de los acuerdos en vigor entre la Iglesia católica y el Estado. Un sistema muy favorable en lo económico para la Iglesia, según la opinión general. Es fruto del pacto alcanzado a finales de 2006 y que suponía un nuevo capítulo en una historia de tres décadas de encuentros y desencuentros. ACUERDOS SUSTENTADOS EN LA CONSTITUCIÓN La primera línea de esta historia se escribía el tres de enero de 1979, cuando la incipiente democracia española rubricaba un acuerdo con la Santa Sede que, a pesar de ser oficialmente una renovación del Concordato de 1953, enterraba el modelo que rigió las relaciones entre la España franquista y el Vaticano y abría una nueva era. La Constitución de 1978 establece en su artículo 16 que los poderes públicos «mantendrán las consiguientes relaciones de Cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Apenas un año después de su promulgación se alcanzaba el acuerdo entre el Gobierno de Adolfo Suárez y la Santa Sede. Lo rubricaron en la Ciudad del Vaticano el entonces ministro de Exteriores, Marcelino Oreja Aguirre, y el cardenal Giovanni Villot, secretario de Estado Vaticano y Prefecto del Consejo Par los Asuntos Públicos de la Iglesia. El primer Concordato del pontificado de Juan Pablo II sería refrendado mayoritariamente por las Cortes en octubre, con 273 votos a favor y ninguno en contra. El rey Juan Carlos lo ratificaba y firmaba el 4 de diciembre de aquel año confirmado el rango de tratado internacional. Estaba dividido en cuatro apartados: asuntos jurídicos: asuntos económicos; enseñanza y asuntos culturales y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos. «El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico con respeto absoluto al principio de libertad religiosa» declaraba el acuerdo. Se estableció un periodo de tres años para implantar el sistema de asignación tributaria. Sería el contribuyente quien decidiera aportar parte de sus impuestos a la iglesia católica a través de la famosa X en su declaración de la renta. El sistema se implantó realmente en mayo de 1988 y con un porcentaje del 0,5239 del IRPF, que la iglesia juzgó siempre insuficiente. El Estado realizaba por su parte una aportación directa a las arcas de la iglesia vía Presupuestos Generales. Además de la casilla de la iglesia se daba la opción al contribuyente dedicar una parte de su impuestos a «otros fines de interés social». A pesar de la constante demanda de la iglesia de modificación y mejora, el sistema no se alteró durante casi tres lustros en los que socialistas y populares se alternaron en el Gobierno. El único cambio notable fue que partir de 2000 era posible señalar ambas casillas -iglesia y otros fines- sin merma para los ingresos destinados a la iglesia católica. PRÓRROGAS ANUALES Este sistema, prorrogado año a año, fue el que se mantuvo en vigor hasta finales de 2006. En septiembre de aquel año Gobierno y Conferencia Episcopal culminaban una larga y discreta negociación que establecía un nuevo sistema de financiación. El porcentaje del IRPF que los ciudadanos pueden dedicar voluntariamente a la iglesia pasaba del 0,5 al 0,7%. Se suprimió la aportación directa del Estado y se comenzó a aplicar el IVA a la iglesia en la compraventa de inmuebles y adquisición de objetos dedicados al culto, de acuerdo a las exigencias del UE. La Conferencia Episcopal se obligaba a demás a presentar una memoria justificativa sobre como emplea el dinero que recibe a través de la aportación del IRPF. Hasta que se produjo ese ‘importante cambio’ el sistema de aportación directa suponía que el Estado aportaba cada año una media de 30 millones de euros, vía Presupuestos Generales, para compensar la reducción paulatina de los contribuyentes que decidieran poner la cruz en la casilla de la iglesia. Por esta vía, sumando aportación vía IRPF y compensación del Gobierno, la Iglesia disponía de unos 150 millones de euros anuales. Los cálculos realizados con el aumento de dos puntos en el porcentaje del IRPF se aproximaban a los 200 millones. La iglesia insiste en que este dinero cubre apenas el 20 o 25% de un presupuesto que no cuantifica ni desglosa. Se escuda en que cada parroquia de las 23.000 repartidas por 69 diócesis gestiona y elabora su presupuesto. Pero un sencillo cálculo sobre esos porcentajes situaría el presupuesto anual de la iglesia católica en 800 millones de euros. De los casi 18 millones de declaraciones de la renta realizada en el ejercicio 2006-2007 un 33,6% -seis millones marcaron la casilla de la iglesia o ésta y la de otros fines sociales. Apenas un 22% de los contribuyentes señala la casilla del la iglesia en un país en el que el 75% de los ciudadanos se reconoce como católico. En 2005 la Iglesia recaudó 145 millones, cuando el Estado le había anticipado 142. En 2006 la recaudación fue de casi 174 y el anticipo público de casi 145. Cada año la Conferencia Episcopal lanza una intensa campaña publicitaria para mantener esta proporción y captar el favor de ese 66% de contribuyentes que omiten marcar la X en la casilla de la Iglesia de Roma. Cada año, desde otras confesiones, como los cada vez más numerosos evangélicos agrupados en Ferede (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas) reclama un tratamiento similar, aunque con división interna de opiniones.