Conflictos religiosos en México, ¿y el Estado?

En dos entidades de la nación mexicana han vuelto a emerger conflictos de naturaleza religiosa, en los que confluyen también intereses políticos y económicos. Pero no hay que perder de vista que el factor desencadenante de la rijosidad es la preservación de una identidad religiosa tradicionalista que se opone por todos los medios a su alcance, entre ellos la violencia simbólica y física, para que en un territorio bajo su control puedan subsistir otras creencias que son la semilla de la diversificación, primero en el campo religioso y, después, en otros órdenes de la vida social y cultural. Por diferencias religiosas hay conflictos violentos en los estados de Michoacán y Chiapas. En ambas entidades las autoridades, estatales y federales, encargadas de aplicar las leyes contra los intolerantes se la pasan haciendo exhortos para que cesen las hostilidades y, en la práctica, favorecen a quienes intimidan y agreden a sus coterráneos que tienen una idea distinta de lo religioso. En la comunidad Nueva Jerusalén, municipio de Turicato, Michoacán, existe desde 1973 un gobierno en que se articula lo religioso con lo político. El fundador del lugar, autollamado Papá Nabor, le imprimió un cariz integrista a la Nueva Jerusalén. Su catolicismo tradicionalista, que inclusive desconoció la jurisdicción del obispo católico romano, le llevó a construir un espacio regido por él, donde quedaron excluidas todo tipo de instituciones del Estado. Nabor decía que él solamente estaba poniendo en práctica las revelaciones dadas por la virgen del Rosario a través de la vidente Gabina Sánchez, conocida como Mamá Salomé. Paulatinamente se fue gestando un grupo que dejó de compartir la cerrazón de Nabor, la vidente en turno y sus incondicionales, sobre todo a partir de la muerte de aquel en el 2008. Los inconformes con el aislamiento total del mundo se organizaron para construir una escuela primaria en la que se impartieran clases por parte de docentes del sistema de educación pública. Es decir, acordaron que en el plantel se diese educación laica y gratuita. El actual patriarca del poblado es Antonio Lara, que se hace llamar San Martín de Tours, y su vidente es Rosa Gómez Gómez. Ella es quien dice que la virgen del Rosario le ordena derribar la escuela, lo que un piquete de obedientes a los designios celestiales lleva a cabo en julio de este año. Con el inicio del reciente año escolar, hace una semana, los disidentes pretendieron comenzar clases para sus niños y niñas en una casa habilitada para tal propósito. San Martín de Tours ordenó bloquear la entrada al lugar para impedir a los docentes cumplir su tarea. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, hizo llamados para que se respete el derecho a la educación y exhortó para que prevalezca la tolerancia. Ni una palabra sobre los múltiples delitos cometidos por San Martín de Tours y sus huestes. En la Nueva Jerusalén, así lo han denunciado algunas víctimas, además de prohibirse la existencia de una escuela en la que el contenido pedagógico sea distinto al integrismo de los seudo profetas, los sucesivos patriarcas y sus muy cercanos son señalados de abusos sexuales y disciplinas crueles contra quienes se revelan a su gobierno tiránico. Mientras todo ello ha sucedido el Estado mira para otro lado. Pasa lo que dijo Carlos Monsiváis, “en México el Estado es laico, pero distraído”. En Chiapas, de acuerdo a distintos organismos preocupados por el asunto, en el sexenio que en unos meses concluye se han incrementado los casos de intolerancia religiosa contra indígenas evangélicos. En cada caso las autoridades chiapanecas buscan la conciliación hacen llamados a las partes para que cesen las hostilidades y prometen a los perseguidos que aplicarán las leyes. Cuando por la fuerte hostilidad en su contra los protestantes han debido salir de sus poblados, son albergados por el gobierno del estado en instalaciones precarias y dejados a su suerte. Les prometen mesas de diálogo y negociaciones para convencer a los expulsadores de que permitan el retorno de los evangélicos a sus comunidades. Si es que logran la aceptación para el regreso, es común que los perseguidores busquen la firma de convenios que son lesivos a los derechos constitucionales de los agredidos. Puertas Abiertas América Latina, organización que documenta casos de persecución religiosa, y asesora a los hostigados informa que “una victima más de la intolerancia religiosa en Chiapas, es un pequeño bebé de 23 días de vida del grupo de evangélicos expulsados de su comunidad San José Yashtinín. El pequeño bebé murió mientras vivía con sus padres en un albergue en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Murió la madrugada del domingo 12 de Agosto y fue sepultado en la comunidad de origen de sus padres”. Por su parte Voz de los Mártires ha informado reiteradamente de grupos que debieron salir de Los Llanos y San Gregorio y los cuales ven pasar los años sin que se resuelva de fondo la problemática. El organismo sostiene que a los expulsados se les ha negado la justicia, y dado largas a su exigencia de poder regresar a las poblaciones de donde fueron desarraigados por quienes les imponen diferentes sanciones a cumplir obligatoriamente por negarse a participar de cooperaciones y/o festividades que están asociadas a la religión tradicional. Uno de los recursos explicativos de las autoridades gubernamentales chiapanecas, sostienen las organizaciones mencionadas (criterio que comparto), consiste en subrayar que los conflictos tienen orígenes distintos a cuestiones religiosas, que emergen por diferencias económicas o políticas. Se niegan a ver que el sustrato del diferendo es religioso y que tiene expresiones económicas, sociales y políticas porque lo religioso también se expresa en estos terrenos. Si el grupo no coopera para la fiesta del santo patrono, o la virgen, venerado(a) en el lugar, es porque su creencia religiosa es distinta a la mayoritaria y no se les debe obligar a dar recursos económicos para una fiesta que es ajena a ellos y ellas. El Estado ha sido omiso para proteger los derechos de los perseguidos, permitiendo la vulneración a un principio rector de la laicidad: el de la libertad de cultos y la organización libre de las personas para manifestar su elección religiosa. Basta de exhortaciones, nada más, pero nada menos, hay que aplicar las leyes.