El Consejo Constitucional francés ha ratificado recientemente una ley aprobada por el Parlamento francés a mediados de julio, que concede a los adultos que padecen una enfermedad incurable el derecho a la muerte asistida.

Según esta controvertida ley, el paciente debe tener 18 años; ser ciudadano francés o residente de larga duración; sufrir un dolor que no responda al tratamiento o que sea insoportable; y ser capaz de expresar una decisión consciente hasta el último momento de su vida.

Un médico se encargará de verificar la capacidad del paciente para decidir poner fin a su vida, pero posteriormente un comité evaluará si se han cumplido los criterios.

Una vez aprobada la muerte asistida, los pacientes deberán esperar al menos dos días antes de que pueda llevarse a cabo el procedimiento y confirmar su decisión ese mismo día.

A continuación, los pacientes se administrarán ellos mismos una sustancia letal, salvo aquellos que no puedan hacerlo físicamente, en cuyo caso recibirán la ayuda de un profesional sanitario.

“Ninguna disposición de la ley contraviene la Constitución”

El primer ministro, Sébastien Lecornu, el presidente del Senado, Gérard Larcher, y grupos de diputados de la derecha, el centro y la extrema derecha habían solicitado al Consejo Constitucional que revisara la ley sobre la muerte asistida.

La máxima autoridad constitucional de Francia afirmó que “ninguna disposición de la ley contraviene la Constitución”.

El presidente Emmanuel Macron acogió con satisfacción la decisión del Consejo Constitucional, “que pone fin a un debate democrático ejemplar”.

Cláusulas de conciencia

Sin embargo, el Consejo identificó tres “reservas”, que no exigen que se reescriba la ley, pero sí requieren una mayor claridad en su aplicación práctica.

La primera reserva establece que las instituciones sanitarias privadas y religiosas pueden negarse a permitir la muerte asistida en sus instalaciones, “cuando dicho procedimiento sea claramente contrario a la misión o finalidad estatutaria de la institución” y solo si existe una alternativa local.

La segunda otorga a los trabajadores sanitarios y a los farmacéuticos una cláusula de objeción de conciencia que les permite abstenerse de participar en el proceso o en la preparación de la sustancia letal.

La última reserva se refiere a los pacientes bajo tutela o custodia. Si uno de ellos solicita ayuda para morir, el médico deberá “tener en cuenta” la opinión de su tutor.

ECLJ: “Una gran victoria”

El Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (ECLJ por sus siglas en inglés) ha acogido con satisfacción la sentencia del Consejo Constitucional francés, según ha informado el portal de noticias Christian Daily International.

El director del ECLJ, Grégor Puppinck, la ha descrito como “una gran victoria en el sombrío contexto que rodea la aprobación de esta ley injusta”.

Agradeció a Dios porque “seguirá habiendo refugios en Francia donde las personas vulnerables no estarán en peligro de muerte”.

Sin embargo, lamentó que el Consejo haya respaldado el breve plazo de 48 horas para confirmar el deseo de morir de una persona y “los graves riesgos de abuso que genera esta ley”.

El ECLJ se está preparando “para impugnar los decretos de aplicación que adoptará el Gobierno”, así como “para asesorar a las familias que se enfrenten a la decisión de la eutanasia de un ser querido”.

“Continuaremos esta lucha en otros países que ya han legalizado la eutanasia, con el fin de garantizar también allí la libertad de las instituciones religiosas”, concluyó Puppinck.