La Alianza Evangélica Española (AEE) ha dirigido una carta urgente al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para solicitar intervención diplomática ante la inminente incautación de la iglesia evangélica de San Pedro en Teherán, el templo protestante más antiguo de Irán.

Según el informe elaborado por Puertas Abiertas, organización de apoyo a la Iglesia perseguida que alertó a la AEE sobre la situación, el 16 de junio las autoridades iraníes ordenaron a las doce familias armenias y las ocho familias asirias que residen en el complejo que lo abandonaran, amenazando con la detención a los responsables de la iglesia si las familias se negaban a obedecer. A los fieles se les indicó además que buscaran nuevos lugares de culto.

Antes del ultimátum formal, agentes de inteligencia iraníes pasaron varias horas en el recinto del complejo, comunicando a los residentes que habían acudido para que las familias se “acostumbrasen a su presencia”, en lo que los líderes de la iglesia han interpretado como una táctica deliberada de intimidación previa al desalojo.

Una sentencia de 1998 ejecutada casi 30 años después

La confiscación tiene su origen en una orden dictada por un Tribunal Revolucionario en 1998, que disponía que todo el complejo, formado por unas cuatro hectáreas en el centro de Teherán que incluyen el histórico santuario, dos escuelas y decenas de viviendas, debía transferirse a la Ejecución de la Orden del Imán Jomeini (EIKO), organismo estatal que también ha sido responsable de la expropiación y demolición de varias iglesias en los últimos meses: la iglesia presbiteriana asiria de Mashhad, derribada sin previo aviso, así como la iglesia presbiteriana asiria de Tabriz, la iglesia de las Asambleas de Dios de Gorgan y el centro de retiros de Karaj.

El Consejo de Iglesias Evangélicas de Irán, responsable de San Pedro, no tuvo conocimiento de la sentencia hasta que esta salió a la luz de forma accidental en 2008, y no pudo impugnarla: la República Islámica lleva denegando desde 1980 la renovación del registro del Consejo y cerró el expediente sobre la propiedad por indicación de la Oficina del Líder Supremo, bloqueando en la práctica cualquier vía de recurso legal.

El reverendo Sargez Benyamin, antiguo pastor de la iglesia, ha señalado que no se dio ningún motivo para la orden original de 1998, y que la mayoría de las familias afectadas tienen bajos ingresos y “no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir sin el apoyo de la iglesia”.

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La AEE pide gestiones urgentes a España

En la carta, firmada por el secretario general Juan Carlos Parra, la AEE señala que la amenaza de incautación “se inscribe en un patrón más amplio de confiscación y destrucción de propiedades de iglesias protestantes en Irán”, y recuerda que las familias afectadas pertenecen a comunidades reconocidas como minorías religiosas por la propia Constitución de la República Islámica.

Dado que la Embajada de España en Teherán se encuentra temporalmente cerrada, la AEE solicita al Gobierno español que realice gestiones a través de los cauces diplomáticos disponibles para detener los desalojos y cualquier actuación encaminada a la confiscación, demolición o cambio de uso del complejo. La misma petición ha sido trasladada al embajador de España en Irán.

Un patrón de décadas contra el protestantismo iraní

La iglesia evangélica de San Pedro fue fundada en 1876, tras la cesión del terreno por parte del sah Naser al-Din Shah Qajar a misioneros estadounidenses, y representa un patrimonio histórico de primer orden para la comunidad protestante.

La abogada iraní y premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi ha vinculado este caso con la erosión sistemática de los derechos de los cristianos desde 1979: “La República Islámica consideró primero el culto en persa una amenaza. Después cerró las iglesias de habla persa. Luego procesó a los cristianos conversos por su fe. Ahora el alcance de la presión ha llegado a las propiedades históricas, a las iglesias antiguas e incluso a los lugares donde viven los ciudadanos armenios y asirios”.

De las aproximadamente 50 iglesias protestantes que existían en Irán —presbiterianas, de las Asambleas de Dios y anglicanas—, hoy solo una docena tiene permiso para funcionar, y únicamente en las lenguas de las minorías étnicas: asirio o armenio, con prohibición expresa de predicar en persa. Las comunidades que quedan fuera de este marco legal se reúnen en iglesias domésticas que son objetivo habitual de redadas por parte de los servicios de inteligencia.

Los últimos datos de la organización Article18 revelan la magnitud de esta persecución: durante 2024, los tribunales iraníes condenaron a 96 cristianos a un total acumulado de 263 años de prisión, con un incremento séxtuple en las penas acumuladas respecto al año anterior y una longitud media de condena un 40% superior. Varios de los condenados recibieron penas superiores a diez años.

El Departamento de Estado estadounidense lleva clasificando a Irán como País de Especial Preocupación en materia de libertad religiosa desde 1999, sin interrupción, por violaciones sistemáticas y flagrantes.

La AEE se suma al llamamiento del Consejo Mundial de Iglesias a la República Islámica para que cese de inmediato cualquier actuación dirigida a la confiscación o demolición de propiedades eclesiales y abandone toda amenaza o presión contra los responsables de iglesias y los miembros de la comunidad protestante en el país.