Los bielorrusos que sufren violaciones de los derechos humanos pronto podrían perder una de las últimas oportunidades de buscar justicia fuera de su país.

Según el grupo noruego de derechos humanos Forum 18, el parlamento bielorruso está preparando una ley que bloquea la posibilidad de llevar ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU los casos de violación de los derechos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Igor Nazaruk, viceministro de Relaciones Exteriores de Bielorrusia, ha asegurado que, “entre las razones de este paso, está la expansión arbitraria de los poderes del Comité de Derechos Humanos, creando obligaciones irrazonables adicionales para el Estado, que no aceptó al unirse a este pacto”.

Cinco grupos de defensa de los derechos humanos en Bielorrusia han denunciado la medida del régimen totalitario del presidente Lukashenko (en el poder desde 1994), diciendo que si se aprueba, la ley significaría que “el cierre de una de las últimas oportunidades restantes para buscar justicia por las violaciones de los derechos humanos”. 

A diferencia de la mayoría de los demás países europeos, Bielorrusia no es miembro del Consejo de Europa, ni parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, lo que significa que los ciudadanos no pueden presentar sus reclamaciones ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

La última decisión, relacionada con un pastor pentecostal

“La decisión más reciente del Comité de Derechos Humanos de la ONU relacionada con la libertad religiosa y de conciencia, hecha pública el 17 de noviembre de 2021, determinaba que Bielorrusia había violado los derechos del líder pentecostal Valentin Borovik”, dicen desde Forum 18. “En marzo de 2008, la policía y otros funcionarios estatales interrumpió una reunión en la casa de un miembro de la iglesia de la pequeña congregación no registrada que Borovik dirigía en la ciudad de Mosty. En junio de 2008, un tribunal local lo multó con nueve meses de salario mínimo por dirigir una comunidad religiosa no registrada, y el mismo mes, el Tribunal Regional de Grodno, rechazó su apelación. El Tribunal Supremo rechazó su recurso de casación en marzo de 2009. Al final, tuvo que pagar la multa”, añaden.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU dijo hace un año que el Estado violó los derechos de Borovik “al condenarlo y multarle por crear y dirigir una organización religiosa sin registro estatal, y al restringir el derecho de [Borovik] a manifestar pacíficamente sus creencias religiosas en comunidad con los demás”.

Otros casos sin resolver llevados al Comité de Derechos Humanos de la ONU son el de un testigo de Jehová que se negó a realizar cuatro semanas de formación militar por motivos de conciencia y fue multado por ello, y otro testigo de Jehová que fue multado por dirigir una reunión religiosa en su propiedad.

Un experto legal y miembro de la oposición en Bielorrusia ha dicho que “la retirada de un tratado universal de derechos humanos puede ser un duro golpe para la reputación del estado”. “A juzgar por la historia de las relaciones internacionales, esta situación es extraordinaria”, ha señalado.