Que la figura de Kais Saied es imprevisible e inquietante a nivel político, lo pone de manifiesto la propia forma en la que gobierna desde que llegó a la presidencia de Túnez, en octubre de 2019. Lo hizo ganando unas elecciones presidenciales, sin un gran despliegue de medios, apelando a promesas que tenían que ver sobre todo con la economía y la corrupción, y en un momento de cierta inestabilidad, tras el fallecimiento del expresidente Béji Caïd Essebsi y encontrándose la vacante ocupada de forma interina por Mohamed Ennaceur.

Desde entonces, Saied ha afirmado su liderazgo sobre Túnez con gestos que a algunos analistas internacionales les hacen pensar de nuevo en Zine El Abidine Ben Ali, el dictador que gobernó el país entre 1987 hasta la revolución de la Primavera Árabe, en 2011. Hasta ahora, el más destacado había sido la declaración del Estado de excepción, que se mantiene activa desde el mes de julio de 2021, con la que Saied disolvió el Parlamento y lleva un año gobernando a base de decretos presidenciales. 

La última maniobra ha sido celebrar un referéndum, el primero en la historia del país, para votar una nueva constitución que sustituye a la del presidente Moncef Marzouki, de 2014. Una nueva constitución que, según han apuntado sus críticas, blindará todavía más la figura de Saied concentrando más poderes bajo su control.

¿Es representativo el referéndum?

La afirmación con la que Saied ha planteado el referéndum ya pone de manifiesto el carácter tan diferente con el que el presidente distingue su constitución respecto de la anterior, ampliamente anulada durante este último año de mandato. Y es que los tunecinos debían responder “sí” o “no” a la cuestión de “corregir el curso de la revolución”.

La primera versión de la nueva Carta Magna fue publicada en la Official Gazette (el boletín oficial estatal de Túnez) el 30 de junio, y se actualizó el 8 de julio con un serie de cambios, en un proceso que algunos, como la organización tunecina en defensa de la libertad religiosa ATTALAKI, han criticado como “unilateral” y desconsiderado respecto a las opiniones de expertos de diferentes ámbitos de la sociedad. “El presidente no ha tenido en cuenta la opinión delos expertos encargados de redactar el documento. Ni tampoco el diálogo que él mismo formó sobre la base de la analogía, ni los resultados de la consulta virtual que él mismo lanzó a principios de año y en la que participaron cerca de medio millón de tunecinos, y cuyos resultados no reconocen el cambio de la Constitución”, explica a Protestante Digital el presidente y cofundador de ATTALAKI, Rashed Massoud Hafnaoui.

La nueva Carta Magna ha sido aprobada con el 94% de los votos, aunque para muchos la votación carece de legitimidad ya que solo ha participado el 30,5% del censo. “De la etapa que el país atraviesa desde el 25 de julio de 2021 hasta ahora, con este nuevo proyecto de Constitución o la nueva república, como la califica el presidente, concluimos que es importante solo para el presidente y sus seguidores. El presidente es el gobierno y el gobierno es el presidente, el presidente es el pueblo y el pueblo es el presidente”, remarca.

Un referéndum sobre la figura de Saied

Después de la votación del referéndum, el presidente Saied aseguraba: “Túnez ha entrado en una nueva fase”. “Lo que ha hecho el pueblo tunecino es una lección para el mundo y para la historia, en la escala en la que las lecciones de la historia son medidas”, ha dicho.

Sin embargo, la baja participación en la consulta ha empañado su plan de aprobar una nueva Constitución con un respaldo popular visible. Ese consenso amplio entre fuerzas políticas diversas y también con el conjunto de la sociedad civil era algo que la Unión Europea había recalcado como necesario. Y es que, la figura de Saied se ha vuelto cada vez más comprometida para sus propios conciudadanos.

“A lo largo de los últimos meses, las calles de Túnez se han vuelto en vuelto un campo de batalla entre partidarios y opositores del referéndum convocado por el presidente Saied”, explica Hafnaoui. “Los partidarios del referéndum lo ven como un salvavidas que sacará al país de las dificultades y la crisis que dejó la Constitución de 2014, y los opositores lo ven como un revés y un paso atrás que traerá retroceso al país”, dice. “El ambiente en Túnez es ahora turbulento y el referéndum sobre la nueva Constitución ha tenido lugar a la luz de la división en la calle entre un partidario de Saied y un manifestante que se opone al referéndum y al presidente”, añade.

“Esta división en las calles puede dar lugar a mayores repercusiones”, considera Hafnaoui. 

“El presidente no ha cambiado la forma en que ha tratado a sus oponentes, en particular, y ha trabajado para reunir a los tunecinos sin usar la retórica de la traición y la división”, matiza Hafnaoui, que dice estar a favor de la decisión de “congelar el trabajo del Parlamento”. “Desde que el Parlamento fue constituido en 2019, ha difundido mensajes negativos a la sociedad y ha incitado al odio y al derramamiento de sangre”, opina.

“Sin embargo, rechazamos la actitud unilateral del presidente y su falta de implicación de otros actores nacionales en la construcción de un nuevo futuro para Túnez”, añade.

Un riesgo para las libertades y los derechos

Son varios los puntos de la nueva Constitución que despiertan alertas en organización en defensa de los derechos humanos. Human Rights Watch asegura que la nueva Carta Magna “socava la independencia de los tribunales, que es fundamental para salvaguardar los derechos de los individuos”. La organización también se muestra preocupada por cómo el documento “altera” el Alto Consejo Judicial, sin especificar cómo son escogidos sus miembros. 

Desde ATTALAKI también observan algunos aspectos de la nueva Constitución con cierta sensación de alerta. “El nuevo proyecto de constitución abolió el principio del Estado civil y no abordó los principios universales de los derechos humanos como principios que todas las naciones buscan alcanzar dentro de un y Estado democrático”, manifiesta Hafnaoui. Desde la entidad ven con preocupación “la falta de mención de estos principios universales reconocidos internacionalmente, sustituidos para hablar de derechos humanos en general, con la ausencia de la idea de un Estado civil”. 

“Esto nos lleva a pensar en el futuro de los derechos humanos y la democracia en Túnez, que a su vez solo se menciona dos veces en la Constitución, donde el presidente ha reemplazado el concepto de democracia por el de una sociedad de derecho”, señala. 

En un contexto en el que diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos han levantado voces de alarma por lo que consideran “violaciones institucionales” en Túnez, como el juicio de periodistas y opositores políticos, arroja especiales dudas sobre qué visión tiene el presidente y representa la nueva Constitución de los derechos y las libertades. “Esta situación general de los derechos humanos antes y después del referéndum hace que Túnez enfrente desafíos sociales y económicos en ausencia de signos de estabilidad o avance político”, reiteran desde ATTALAKI.

La libertad religiosa en la nueva Constitución

Uno de los aspectos donde la nueva Carta Magna es más clara, aunque de forma preocupante, es en lo relativo al hecho y la libertad religiosa. “Aunque el islam ya no aparece como ‘la religión del Estado’, como sí lo hacía en el artículo 1 de la Constitución de 2014, el artículo 5 de la nueva Constitución dicta que ‘Túnez es parte de la Umma Islámica [el conjunto de la comunidad de musulmanes] y concierne solo al Estado trabajar para conseguir los propósitos del Islam preservando el alma, el honor, la propiedad, la religión y la libertad’”, dicen desde Human Rights Watch. “Esta disposición podría utilizarse para justificar restricciones a derechos, como la discriminación de género, con base en preceptos religiosos”, agregan.

“Nadie pone en duda que la nueva Constitución ha revivido el debate sobre identidad y religión en Túnez, después de que los tunecinos creyesen que habían resuelto este tema en la Constitución de 2014, tras largas discusiones entre los diversos actores políticos y civiles. Esta polémica ha eclipsado el resto de problemas de la Constitución de Saied. Muchos partidos se han opuesto a las vagas referencias incluidas en el preámbulo y el artículo 5 del proyecto sobre la relación del Estado con la religión”, asegura Hafnaoui.

Además, hace referencia a las conclusiones de la profesora de derecho constitucional Sanaa Ben Achour, que dice que “la constitucionalización de los propósitos del islam implica que éstos se conviertan en los principios generales de la legislación en todos sus ámbitos”. “Ben Achour añade que los poderes del presidente se han establecido en de tal manera que está por encima de toda responsabilidad porque se le considera el conocedor, el responsable e infalible imán, digno de confianza, porque la inclusión del término ‘nación islámica’ en la Constitución del  país, y considerando a Túnez como parte de ella, hace que se dirija a la nación como un imán, guía, y digno de confianza, y no necesita que el pueblo ni los ciudadanos lo vigilen ni lo cuestionen, sino que solo le deben su lealtad”, explica.

Desde ATTALAKI, que hace un año publicaron su primer informe sobre el estado de la libertad religiosa en Túnez y han estado en contacto con la administración y participado de iniciativas con otras entidades y confesiones, consideran que, al basarse en el artículo 5 de la nueva Constitución, “nada impide la expedición de leyes que limiten las libertades públicas e individuales para lograr el fin de conseguir los propósitos del islam”. “El Estado trabaja con base en el Capítulo 5 para

preservar la libertad de acuerdo a los propósitos del islam. Esto nos lleva a adoptar una visión única

de libertad y abolir todo el sistema de derechos y libertades creados por el hombre moderno. Preservar la religión, y lo que los juristas musulmanes entienden por ello, es proteger el islam y a los musulmanes de los defensores de la incredulidad y del cambio de religión o la introducción de creencias contrarias al islam y la predicación y el llamamiento a otra cosa que no sea el islam”, señala Hafnaoui.

Según considera, el polémico artículo 5 de la nueva Constitución está redactado de una forma que “no admite interpretación” y “abre el conflicto sobre la identidad, que puede ser utilizado fácilmente para restringir la libertad religiosa, especialmente el derecho de las minorías religiosas a organizarse y celebrar sus ritos libremente”. De hecho, la nueva Carta Magna añade algo que no aparecía en el documento de 2014, como es la posibilidad de practicar servicios religiosos en libertad siempre que “no se comprometa la seguridad pública”, según estipula el artículo 25.

Esto provoca, dice Hafnaoui, que “la Constitución pueda ser utilizada por la autoridad para restringir a los ciudadanos el derecho a practicar sus ritos religiosos en completa seguridad y libertad, bajo el pretexto de proteger la religión, es decir, la religión de la mayoría, tal y como se menciona en el artículo 5”.