4 de diciembre de 2018. Era la fecha en la que acababa la vigencia de la actual composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde entonces, el órgano responsable del gobierno de los jueces en España ejerce de forma limitada, en funciones. La situación ha sido calificada de “anomalía democrática” por asociaciones de juristas. Y es que, aunque la democracia española había vivido otros bloqueos, ninguno se había alargado tanto (más de 1.000 días) nunca antes.

La Unión Europea se ha mostrado alarmada por la situación, y ha pedido que el organismo sea renovado con urgencia. Bruselas teme que España ofrezca una imagen de “vulnerabilidad a la politización”, y ha sugerido reformar el sistema de elección de sus miembros según los “estándares europeos” con la intención de que, como mínimo, la mitad de sus integrantes sean elegidos por los propios jueces.

“Es grave que un órgano constitucional, como es el Consejo General del Poder Judicial, no se haya renovado por una lucha partidista”, explica el abogado Juan Miguel Torres a Protestante Digital. “El poder judicial es un poder del Estado, cuya independencia ha de estar fuera de toda duda, y lamentablemente no es así”, remarca.

El sistema de elección de los miembros, un escollo para la renovación

La causa de la larga demora en la renovación del organismo es el desacuerdo entre el gobierno y el principal partido de la oposición. La relevancia de la disputa política cobra sentido cuando se analiza el actual sistema con el que se eligen los miembros del Consejo General del Poder Judicial: tanto el Congreso de los Diputados como el Senado proponen a seis vocales cada uno (12 en total), de entre jueces y magistrados, y a cuatro más (8 en total) de entre juristas con una competencia reconocida y con más de 15 años de experiencia. Luego, las cámaras tienen que aprobar a los 20 vocales propuestos por una mayoría de tres quintos. Una representatividad política que no tiene ningún partido ni ninguna coalición. Lo que hace necesaria la negociación entre formaciones. 

“Ese control que pretenden el gobierno y los partidos políticos no lo es por el ejercicio de la función de los jueces en los asuntos ordinarios, sino en su propio beneficio, porque los miembros que forman el Consejo General del Poder Judicial son los que a la postre nombrarán a aquellos magistrados de las salas de los Tribunales que juzguen aquellas causas en las que los propios diputados y senadores se puedan ver implicados. Es decir, que juzguen a los aforados, entre los que se encuentran los propios parlamentarios que los eligen”, subraya Torres.

En el diálogo político, el Partido Popular ha propuesto que una parte mayoritaria de los vocales del órgano sean elegidos por los propios jueces, en lugar del Parlamento. PSOE y Unidas Podemos habían planteado una reforma que pretendía rebajar la mayoría parlamentaria requerida para la elección de los miembros del CGPJ. Algo que ha sido rechazado por la Comisión Europea.

“A través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985, es donde el Parlamento amplió su poder para nombrar a los vocales del CGPJ. Eso está muy lejos de controlar a los jueces, pero es muy feo”, explica otra fuente jurídica consultada por este medio y que ha preferido conservar su anonimato. En este sentido, añade, “deberían ponerse de acuerdo para el futuro y modificar la Ley Orgánica para reducir la intervención del Parlamento en el nombramiento de vocales”.

Torres también apunta en esta dirección y recuerda que “el Tribunal Constitucional ya advertía que ‘se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido’”. “Bajo mi punto de vista, la independencia judicial, que recoge la Constitución, se ha comprometido con la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, ya que tan solo se atiende al perfil de los candidatos en función de su afinidad política, más que por su mérito y capacidad”, remarca el abogado.

Según la fuente jurídica consultada por este medio y que ha preferido conservar su anonimato, otra parte de los vocales del CGPJ debería elegirse a través de “elecciones internas entre los miembros de la carrera judicial, sin importar que actualmente tendrían ganada la batalla jueces conservadores, porque el efecto práctico no se notaría”. “Es una cuestión generacional. Por la misma razón, en unos años daría la vuelta el signo político y las funciones del CGPJ seguirían ejerciéndose como hasta ahora”, puntualiza.

¿Tiene algo que aportar la cosmovisión bíblica al debate?

El conflicto está, en gran parte, en la relación entre el poder político y las instituciones judiciales, que algunos han definido simplemente como una “interferencia”. Pero la visión que se tiene de la justicia también tiene mucho que ver con la problemática. “Las instituciones no son el problema, sino la ética de quien las integra y para mí, el mero hecho de querer o pretender controlar a los jueces, habla de un nivel ético decadente de nuestros políticos”, subraya la fuente jurídica que ha pedido conservar el anonimato.

Con una experiencia profesional de más de 20 años en la abogacía, Juan Miguel Torres considera, como nota positiva, que en España “tenemos jueces y magistrados que actúan con independencia y profesionalidad, con independencia de los criterios adoptados en sus resoluciones, nos sean favorables o no”. Y apunta a los “niveles más altos” para hablar del lugar en el que “se ve claramente comprometida la independencia del poder judicial”.

Sin embargo, explica, pensando en el texto de Éxodo 18:21, sobre la recomendación de Jetro a Moisés para elegir a jueces, Torres insiste en la necesidad de adoptar un método en la elección de los miembros del CGPJ que evite “cualquier sospecha de injerencia de ninguno de los otros poderes del Estado, como podría ser el que los jueces elijan los miembros que vayan a componer su órgano de gobierno, evitando así, al menos formalmente, cualquier injerencia ajena”. 

El acuerdo reciente entre PP y PSOE para la renovación de cuatro de los magistrados que componen el Tribunal Constitucional, y que estaba pendiente desde noviembre de 2019, ha intensificado la presión para resolver la situación del CGPJ. Para este organismo, en cambio, el proceso se percibe más complejo.