Un informe afirma que casi 600 personas sufrieron tortura o malos tratos en España durante 2005

El texto ha sido presentado por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y advierte que los colectivos que más han denunciado ser objeto de malos tratos o torturas en España han sido los movimientos sociales y los inmigrantes.

MADRID · 05 DE JUNIO DE 2006 · 22:00

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Los datos llevan a afirmar que se ha producido un aumento del 12% en el número de denuncias efectuadas por malos tratos o torturas en el Estado español. El Informe sobre la situación de la tortura en el Estado español de 2005 asegura que cerca de 600 personas sufrieron maltrato y/o tortura en España a lo largo del año pasado y que un mínimo de 288 de estos casos se dieron en situaciones en los que la víctima se encontraba bajo la custodia del Estado. Según los datos que aporta el estudio, las zonas que más denuncias acumulan son Euskadi (22'2%), Andalucía (20'8%) y Cataluña y Madrid (12'1% cada una). Asimismo se expone que en el año 2005 crecieron, respecto las denuncias relacionadas con el control fronterizo de Melilla y las detenciones de ciudadanos de origen nigeriano en Málaga. El texto afirma que los grupos que más denuncias acumularon durante el pasado año fueron los movimientos y las protestas sociales (23%), los inmigrantes (19%) y las personas que estuvieron en situación de incomunicación durante una detención policial (11%). Todos los cuerpos policiales, los funcionarios de prisiones y los empleados de centros de menores acumulan denuncias por malos tratos. Una situación que se repite respecto a lo denunciado en el informe del año 2004. CUMPLIR EL PROTOCOLO DE LA ONU Entre las herramientas con las que cuenta el Estado español destaca la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, un documento que entró en vigor en España en octubre de 1987. Sin embargo, desde la coordinadora piden a la Administración que se aplique el Protocolo Facultativo de esta Convención de la ONU haciendo que sea la sociedad civil la que vele por su cumplimiento.

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