Primera condena contra un testigo de Jehová en Rusia

Rusia ha emitido la primera condena contra un testigo de Jehová desde que el grupo religioso fue ilegalizado en 2017. Se trata de Dennis Ole Christensen, un ciudadano danés considerado culpable de “organizar actividades de la prohibida y extremista organización”. El juez que ha llevado su caso le ha impuesto una pena de seis años de prisión general, de los que hay que descontar prácticamente dos años que Christensen llevaba encarcelado. 

Según el magistrado, el acusado, de 46 años, “utilizó su autoridad como líder espiritual” y “aseguró el trabajo de la organización a pesar de conocer su prohibición”. Según la organización en defensa de la libertad religiosa Forum 18, Christensen y sus abogados han apelado que él no tenía ninguna posición de liderazgo, que los testigos de Jehová en la ciudad de Oryol conservaban el derecho de practicar su fe a pesar de prohibir de su comunidad registrada, y que nunca han emprendido una “actividad extremista” ni antes ni después de la prohibición. 

“Una condena de seis años de cárcel por creer en Dios es terrible”, ha asegurado Irina, la mujer de Christensen, a la organización en defensa de los derechos humanos. “Continuaremos luchando por la justicia en los tribunales, hasta el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos”. 

CERCA DE DOS AÑOS ENCARCELADO

Christensen fue detenido en mayo de 2017 y ha pasado más de 600 días en prisión preventiva. Su caso se ha convertido en la primera condena a prisión contra un testigo de Jehová desde que el Tribunal Supremo, a petición del gobierno, ilegalizó al grupo religioso en agosto de 2017. Según la corte, la distribución de literatura religiosa, una actividad común entre los testigos, incita al odio hacia otros colectivos. 

En Rusia hay cerca de 175.000 testigos de Jehová y en los últimos meses se han abierto decenas de procesos judiciales contra miembros de esta comunidad. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado la persecución de esta minoría religiosa en el país. 

LAS LEYES ‘YAROVAYA’: ¿QUIÉN SERÁ EL SIGUIENTE?

Una de las voces que también ha manifestado su oposición a la prohibición de los Testigos de Jehová es la cristiana evangélica. En 2017, el líder bautista Vitaly Vlasenko aseguraba que “la Constitución rusa garantiza a cada ciudadano la libre profesión de su fe”. “No establece qué fe es correcta y cuál incorrecta. Este tipo de precedente es aterrador y plantea la cuestión de quién será el siguiente”, añadía. En Europa han surgido más condenas por la prohibición de los Testigos de Jehová, como la de la Alianza Evangélica Italiana, por ejemplo. 

En julio de 2016, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, firmó las leyes ‘Yarovaya’, que prohíben el evangelismo en el exterior de los locales de culto y establece la deportación para los extranjeros que violan la ley. El líder de las Iglesias Protestantes de Rusia, Sergei Ryakhovsky, ha manifestado que esta legislación “viola los derechos humanos y las libertades fundamentales con respecto a la libertad religioso”. Tales leyes, ha dicho Ryakhovsky, “establecen una base de persecución de creyentes. La historia soviética nos muestra cómo muchas personas de diferentes credos han sido perseguidas por proclamar la palabra de Dios. Esta ley nos devuelve a un pasado vergonzoso ”. 

La Alianza Evangélica Europea (EEA, por sus siglas en inglés), también se ha mostrado “extremadamente preocupada por la nueva ley rusa contra el terrorismo, que restringe la libertad religiosa”. La entidad, que representa a 23 millones de evangélicos en el continente, ha pedido “permanecer en oración con los hermanos y las hermanas rusas”. “Oremos por sabiduría, esperanza y ánimo. Oremos para que esta nueva ley una a los cristianos en nuevos caminos y expresen su unidad y amor en los demás”. 

CIERRAN TEMPORALMENTE EL SEMINARIO BAUTISTA DE MOSCÚ

El portavoz de la Alianza Evangélica Rusa ha confirmado que el seminario teológico bautista de Moscú se encuentra cerrado desde el 2 de febrero después de que un tribunal de la ciudad ordenase su clausura por sesenta días. 

El responsable del centro espera “volver a abrir” después de el tiempo estipulado. También se sospecha que, a pesar de permanecer en un estatus legal, podrían perder la acreditación oficial de centro de enseñanza.