500.000 firmas piden al Congreso que los delitos de abuso infantil no prescriban

Miguel Ángel Hurtado denunció que sufrió abusos en el monasterio de Montserrat, abusos que fueron encubiertos. Se produjeron, según ha denunciado, cuando tenía 16 años. Pero cuando lo contó, las autoridades eclesiásticas no abrieron una investigación. El sacerdote acusado fue trasladado, mientras que a él le pagaron algo más de 7.000 euros para ayudar con su atención terapéutica.

El caso de Hurtado podría ser el de muchos otros, afirma el afectado, que este lunes presentó en el Congreso las 500.000 firmas de apoyo para que se desarrolle una ley que no permita que los abusos sexuales a menores prescriban.

La campaña, iniciada en 2016, ha obtenido un amplio respaldo ciudadano. Ahora Hurtado espera que el Gobierno, que está desarrollando la nueva ley contra la violencia infantil, el plazo de prescripción del delito de abuso sea más amplio: que comience a contar desde que la víctima cumpla 50 años.

En el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre, ya se propone una ampliación del plazo, para que empiece a contar a partir de los 30 años de la víctima.

Los impulsores de la campaña consideran que el plazo podría ser insuficiente, dado que las víctimas tardan muchos años en reconocer públicamente los abusos que han sufrido y que muchos lo hacen cuando tienen 40 años o más, se han independizado y han creado una familia e incluso tienen hijos pequeños, con la misma edad que ellos tenían cuando fueron víctimas.