La ley LGTBI llega al Congreso este martes

El orden del día del Congreso de los diputados incluye para el martes 19 de septiembre, a partir de las 15 h., el debate de la toma en consideración de la “Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”.

La norma -disponible aquí- registrada en mayo por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos -En Comú Podem-En Marea avanza así en sus trámites habituales y tendrá su primer debate parlamentario este martes. El PSOE ha mostrado su apoyo al proyecto, así como Ciudadanos que ha prometido “presentar enmiendas para mejorarla” en el trámite parlamentario.

Aunque el PP no se ha pronunciado de forma directa sobre la norma, encabezó junto a las demás formaciones políticas la manifestación del Orgullo LGTBI celebrada en Madrid el pasado 1 de julio, una manifestación que fue convocada por las entidades que han participado en la elaboración de la ley.

PREOCUPACIÓN ENTRE EVANGÉLICOS

Esta propuesta ha generado preocupación entre los evangélicos en España. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede) ha pedido a través de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa (dependiente del Ministerio de Justicia) que se consideren las posibles vulneraciones a los derechos en una norma que “no solo protege frente a la discriminación sino que, en nuestra opinión, va mucho más allá”.

La Alianza Evangélica Española, por su parte, ha hecho público un comunicado y un informe sobre una ley “impregnada de prejuicio e intolerancia” e “incapaz de distinguir entre respeto a las personas y derecho a la discrepancia”.

La AEE ha lanzado además una petición de firmas en change.org para pedir a los partidos políticos que anulen o modifiquen la ley. 

Otras entidades y estamentos están asimismo advirtiendo del peligro que conllevaría la aprobación de la norma. Entre ellos, destaca el informe elaborado por ADF International, una entidad de defensa de los derechos con presencia en la ONU y en el Parlamento Europeo que ha lanzado un exhaustivo y crítico análisis de la ley.