Familias evangélicas expulsadas de su tierra claman por justicia al Estado mexicano

Ciudadanos de fe evangélica de Buenavista Balhuitz, de las Margaritas, Chiapas, han solicitado la intervención urgente de las autoridades estatales, para que atiendan la problemática que arrastran desde 2009 y que desde el año pasado obligó al desplazamiento de 12 familias, un total de 44 personas entre hombres, mujeres y niños. Los cristianos evangélicos han referido que desde julio de 2012 tuvieron que abandonar junto con sus familias sus viviendas, sus parcelas y sus pertenencias de la Comunidad antes referida, tras ser amenazados de muerte por el simple hecho de ser evangélicos. Finalmente, viven como refugiados en la ciudad de Comitán Las amenazas fueron realizadas por representantes de la Comunidad, en concreto Armando López Cruz, Comisariado Ejidal; Reynaldo Pérez Hernández, Secretario Ejidal y Antonio Hernández Cruz, Agente Municipal. EMIGRANTES Y ESCONDIDOS El representante de los evangélicos, desde su refugio en la ciudad de Comitán, pidió que no se difundiera el lugar concreto donde residen ni su nombre porque considera que las amenazas de muerte pueden ser ejecutadas en cualquier lugar. "Es difícil para nosotros trabajar y conseguir alimentos porque son agresivos los representantes de la Comunidad (de Buenavista Balhuitz) y si nos encuentran en algún lugar, pueden hacer daño a cualquiera de las familias que están desplazadas". Menciona que este año hicieron una manifestación silenciosa frente al Palacio de Gobierno para demandar la atención de su situación, recibiendo la promesa del Secretario General de Gobierno de atender su problema y ayudarles con alimentos, "pero sólo dos veces nos dieron, eso fue en Enero y hasta la fecha no nos han atendido como se acordó, sólo les interesaba que no hiciéramos ruido". Los que han intervenido, sin resolver el problema, desde 2011 son la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del Estado, el Delegado de Gobierno de la Zona, el Coordinador de Asuntos Religiosos de Margaritas y el Regidor del Ayuntamiento de Margaritas. No sólo no han solucionado su situación, sino que los evangélicos desplazados refieren que han sido obligados a pagar fuertes multas y las autoridades les siguen presionando por cualquier motivo, culpándoles de cualquier cosa para imponerles nuevas multas. También, afirman, les restringen los servicios básicos, siendo el único delito cometido que son evangélicos, “violando en todo nuestros Derechos Humanos elementales. Si el Gobierno del Estado de Chiapas no puede intervenir o no puede solucionar algo, manifiestan que "buscarán otras instancias porque somos ciudadanos con derechos como cualquier otro, no por ser evangélicos nos van a quitar el derecho de la justicia".