Una joven musulmana abandona su control de embarazo por no quitarse el niqab

La negativa a retirarse el niqab, la prenda que cubre toda la cabeza menos los ojos, para identificarse ha hecho que la tunecina residente en Vitoria Nadia Chahbi no pudiera acudir al ginecólogo. La historia comenzó el pasado 4 de junio cuando la joven de 25 años, y residente en Álava desde hace tres, acudió a un ambulatorio de la capital alavesa y pidió ser atendida por el jefe de la Unidad de Atención Primaria. Dada la aparente urgencia de la joven, se accedió a su petición. Ella relató las circunstancias de su embarazo, considerado de alto riesgo, y solicitó al médico un informe y un volante para ser atendida en el servicio de ginecología. A partir de ahí, las versiones difieren. La de Nadia Chahbi es que el facultativo le exigió retirarse el velo para ver su cara y comprobar la identidad, a lo que ella se negó, mientras que fuentes del ambulatorio precisaron que el médico rechazó extender el informe porque la joven no está adscrita a ese centro. AMENAZAS Y DENUNCIAS Chahbi regresó al centro acompañada de su marido quien, a gritos y visiblemente enfadado, exigió ver al médico, llegando a aporrear su puerta mientras atendía a otro paciente. El altercado acabó con la intervención policial y un largo atestado con tres denuncias: la de Nadia Chahbi contra el facultativo; la de este contra la pareja por amenazas, y la de la policía contra el matrimonio por insultar a los agentes. Estos hechos motivaron un juicio de faltas que se vio el martes en un juzgado de Vitoria y en el que la denuncia de la mujer fue desestimada por su reiterada negativa a declarar sin niqab después de que la jueza se lo solicitara tres veces. La joven se negó por “motivos religiosos” y pidió declarar sin público y sin velo. La jueza se negó y pidió a la denunciante que abandonara la sala. No obstante, el caso continuará, ya que la fiscalía pidió que se abrieran diligencias para investigar un posible delito de atentado contra el responsable de atención primaria del ambulatorio. La acusación pública sostiene que hubo claras amenazas.