Anulado el decreto que obligaba al jefe policial de Villareal a acudir a las procesiones

La justicia ha anulado el decreto del alcalde del Partido Popular de Villarreal (Castellón) que obligaba al jefe de la policía local a asistir a las procesiones religiosas en contra de su voluntad. El tribunal entiende que la ley "vulnera el derecho a la libertad religiosa".

Castellón · 20 DE FEBRERO DE 2006 · 23:00

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La tradicional presencia de militares y agentes de policía en las procesiones religiosas valencianas puede estar tocando a su fin tras la sentencia que esta misma semana eximía al jefe de la Policía Local de Vila-real, Ángel Torres, de asistir a la procesión del Corpus, tal como obligaba el alcalde del municipio castellonense Manuel Vilanova. El juzgado avala la libertad religiosa de Torres y anula el decreto del munícipe que requería su presencia en todos los actos confesionales. La noticia ha corrido como la pólvora y son muchos los policías que han reclamado copia de la sentencia ante posibles nuevos casos mientras que los sindicatos policiales exigirán a la conselleria de Justicia la exclusión de los actos religiosos en la norma marco, la cual establece que los mandos de la policía local deberán participar en aquellas ceremonias protocolarias que decidan las autoridades municipales. Este fallo judicial refresca la memoria sobre otro incidente similar ocurrido en Valencia hace más de una década. En noviembre de 1993, durante el V centenario de la advocación de la Virgen de los Desamparados el Ejército decidió rendirle un homenaje en el acuartelamiento de San Juan de Ribera de Valencia. Un sargento primero, Francisco Hernández, y otros compañeros se negaron a participar en los actos «por razones de conciencia» y presentaron a su coronel jefe una instancia pidiendo ser relevados del acto. Ante el aluvión de quejas, el mando militar rechazó las peticiones y les obligó a participar en el acto ante la imposibilidad de encontrar sustitutos. Cuando entró la Virgen al cuartel Hernández abandonó la formación y se salió de la fila. Su actitud le causó la apertura de expediente por dos faltas graves solicitando cinco meses de arresto. Desde ese momento comenzó una batalla judicial entre la institución militar y el sargento, que a su vez se querelló contra el entonces jefe de la III Región Militar, Agustín Quesada, por violar su derecho a la libertad religiosa. Finalmente los tribunales fallaron a favor de Hernández avalando su libertad religiosa, tal como ha ocurrido con Ángel Torres en Vila-real, para no participar en el acto, aunque archivó la querella contra su superior.

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