Mexicanos evangélicos de Los Llanos, 4 años exiliados por su fe

Un grupo de 35 cristianos evangélicos que fueron desplazados a la fuerza de sus hogares de la localidad de Los Llanos, en enero de 2010, siguen pidiendo a funcionarios del gobierno mexicano que atiendan su caso. Hace sólo un año intentaron regresar a sus casas pero se encontraron con una violencia extrema que puso en peligro su vida. En mayo de 2014 en una visita facilitada por un representante del grupo activista local, la Coordinación de Organizaciones Cristianas (COOC, por sus siglas en inglés) y Solidaridad Cristiana Mundial (CSW, por sus siglas en inglés), se reunieron con la comunidad, que se ubica en la actualidad en un pequeño espacio en condiciones muy básicas en el terreno de una iglesia local. Los miembros del grupo de desplazados dijeron a CSW, que se siente decepcionados por el fracaso del Gobierno a tomar medidas para defender sus derechos. Desde entonces, de acuerdo con el COOC, funcionarios del gobierno han comunicado al grupo de desalojados que puede tomar al menos otros ocho meses para atender su petición de traslado. "Seguimos instando al gobierno mexicano y en particular al del Estado de Chiapas, adoptar medidas eficaces para hacer frente a este caso y otros similares, como cuestión de urgencia", indicó el presidente ejecutivo de CSW, Mervyn Thomas. "Es inaceptable, no sólo que el gobierno fracasó en cada paso para defender la libertad religiosa de la comunidad de desplazados de Los Llanos, sino también que ha dejado pasar cuatro años y medio, sin buscar ninguna resolución al caso", agregó. CONVERSIÓN O EXILIO Los indígenas protestantes fueron desplazados por la fuerza a principios de 2010 después de que las autoridades de las aldeas destruyeran su iglesia y dieron un ultimátum para que se convirtieran al catolicismo. En junio de 2013, después de tres años y medio los evangélicos trataron de volver a sus casas por su cuenta. A medida que el grupo se acercó a Los Llanos, se encontraron con bloqueos de carreteras y una multitud violenta que los tomaron cautivos. Fueron retenidos en contra de su voluntad, golpeados, rociados con gasolina y amenazados con ser quemados vivos. Los funcionarios del Estado, finalmente intervinieron y negoció la liberación del grupo. Sin embargo, no se presentaron cargos penales contra los que habían cometido actos de violencia, y como parte del acuerdo, les prohibieron a las víctimas iniciar una acción legal contra los responsables de la violencia. Según una investigación del caso por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se determinó que les violaron varios derechos, incluido entre estos, la libertad religiosa. Asimismo, recomendó al gobierno mexicano permitir a las víctimas, volver a sus hogares. El Gobierno del Estado de Chiapas nunca tomó ninguna acción para poner en práctica estas recomendaciones. El grupo de evangélicos dijo a CSW que después de los acontecimientos de junio 2013 no creen que será posible regresar a sus hogares y han solicitado al Gobierno que los cambien de lugar, con el fin de resolver su situación.