La ONU aprueba combatir la difamación contra cualquier religión

Naciones Unidas aprobó el pasado 25 de noviembre una resolución de los países miembros de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), integrada por 57 países, para combatir la difamación religiosa. La resolución, patrocinada por Marruecos, insta a los Estados a adoptar “las medidas necesarias, incluida la promulgación de leyes, para prohibir toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”. Es el séptimo año consecutivo que la Asamblea General de la ONU adopta esta decisión, que en este caso fue aprobada por 76 votos a favor, 64 en contra y 42 abstenciones, un resultado algo inferior al año pasado. La resolución insiste a los Estados para que proporcionen una protección legal adecuada “contra actos de odio, discriminación, intimidación y coacción derivados de la denigración de las religiones y la incitación al odio religioso”. ANTISEMITISMO Y CRISTIANOFOBIA Mientras en años anteriores en la resolución solo se mencionaba al Islam como una religión perseguida, en esta ocasión el texto también condena “el antisemitismo y la cristianofobia”. Pese a los cambios introducidos, nuevamente varios países -como Estados Unidos, Australia, Canadá o los miembros de la Unión Europea (UE)- votaron en contra por considerar que la resolución respalda la inculcación del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, los patrocinadores de la propuesta aseguran que su meta es impedir expresiones en contra de los credos religiosos, como las caricaturas del profeta Mahoma aparecidas en 2005 en un diario de Dinamarca, que provocaron violentas protestas en numerosos países y un boicot contra productos daneses. Tras conseguir el respaldo de la mayoría de los miembros del comité, la resolución se pondrá a consideración del pleno de la Asamblea General de la ONU el próximo mes de diciembre. En cualquier caso, el documento aprobado es más bien simbólico, ya que no obliga legalmente a los miembros de la ONU a aplicar sus disposiciones.