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Bioética
 

¿Es la gestación subrogada otra estrategia del libre mercado?

El debate sobre los llamados vientres de alquiler en España, prohibidos por ley, ha cobrado relevancia política en los últimos meses. Su legalidad en otros países ha generado un movimiento de importación en el que varían los datos.

AUTOR Jonatán Soriano BARCELONA 11 DE MARZO DE 2019 15:00 h
Los detractores de esta práctica la critican por promover la explotación de la mujer y por suponer un riesgo de incremento de tráfico de personas. / Sergio Galena, Unsplash CC

“Las cosas nuevas nos dan mucho miedo, pero cuando empezó la fecundación asistida se hablaba de las mujeres que donaban óvulos como gallinas que ponían huevos. Todo lo nuevo, Cabify, Uber, asusta. Con la gestación subrogada estamos hablando de un modelo altruista”, aseguraba la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, en una entrevista este febrero. Una visión como la que el presidente de esta formación neoliberal, Albert Rivera, había manifestado en enero, asegurando que si “llegando a un acuerdo entre partes, en libertad, con un juez que lo tutela, se decide ayudar a otra madre que no puede ser madre, a mí no me parece mal.” “¿Hay algo más feminista que una mujer ayudando a ser madre a otra mujer?”, preguntaba. 



En los últimos meses el debate sobre los llamados vientres de alquiler ha vuelto a ocupar un espacio en la primera plana de la política española. Una discusión que, de entrada, se plantea polarizada entre dos puntos de vista. Por una parte los defensores de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, de 2006 y que prohíbe esta práctica, donde se sitúan principalmente PSOE y Podemos, y por el otro, los partidarios de una regulación que permita la gestación subrogada, aunque sin aportación de detalles concretos, de los cuales Ciudadanos hace alarde de capitanía, hasta el punto de haber presentado una propuesta de ley



Pero las fuerzas políticas, en este sentido, son simples voceras del trabajo de lobby que están realizando asociaciones en favor de las diferentes posturas. Es el caso de la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (RECAV), que considera en uno de sus manifiestos que “un embarazo sustituto rompe intencionadamente la unión materna natural” y que “hay que poner límites”, en relación a determinados “deseos” de paternidad. Además, remarcan que los vientres de alquiler pueden ocasionar “explotación de las mujeres más pobres” y “riesgos para las madres gestantes”. 



Posición completamente opuesta a la de la Asociación por la Gestación Subrogada en España, que confía en este proceso como “la solución para aquellas personas que tienen problemas físicos”, así como “varones que no tienen pareja y desean ser padres” o “parejas de gays”. Defensores de que “no necesariamente debe haber contraprestación económica” y comparando el proceso con el del cuidado que una persona o una institución (guardería) puede hacer de un menor temporalmente, sus demandas de regulación acaban concentrándose en la lógica del libre mercado. Se da “una importante discriminación entre aquellos españoles que se pueden costear el tratamiento fuera de nuestras fronteras y los que no pueden hacerlo”, dicen en relación a la práctica a la que han recurrido algunas familias, de ir a otros países donde la ley permite los vientres de alquiler. 



 



ESTADOS UNIDOS Y UCRANIA, HASTA 100.000 EUROS POR NIÑO



Los datos sobre la cantidad de niños nacidos de los llamados vientres de alquiler en España varían en función de la fuente. Mientras que para la Asociación por la Gestación Subrogada se alcanzan los 1.400 casos al año, el Ministerio de Asuntos Exteriores habla de 979 entre 2010 y 2016, según una respuesta parlamentaria que se publicó en el Congreso de los Diputados hace dos años. 



Según los datos de la Administración, Estados Unidos y Ucrania eran, a fecha de 2017, los principales lugares de origen de los niños nacidos por gestación subrogada, con 553 y 231 respectivamente. Unos datos en los que también aparecían otros países, como India (97), México (51) o Tailandia (27). 



Desde el gobierno, que en 2010 aprobó bajo la Administración del Partido Popular una instrucción para contemplar la inscripción en el Registro Civil de recién nacidos vía gestación subrogada siempre que sea en países que permiten esta práctica, hablan de una media de precios que ronda los 100.000 euros en Estados Unidos y que oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros en el caso de Ucrania. La demanda se ha traducido en una proliferación de agencias que hacen de intermediarios con los países de origen. Algo que preocupa a las embajadas españolas, como la del país del este de Europa, de donde se ha alertado al público que no se puede creer que “cualquier documento basado en la legislación ucraniana va a ser admisible en España”. “En los últimos meses se han producido estafas y engaños por parte de las denominadas clínicas de reproducción asistida y las personas vinculadas a este tipo de negocios”, han remarcado desde la sección consular. 



De hecho, empresas como Insight View, que obtuvo un beneficio de 78.480 euros en 2017, o Surrobaby, que alcanzó los 74.475 euros en 2016, han incrementado su actividad desde su aparición en el mercado, a partir de 2013. Por otro lado, también se han producido episodios polémicos a causa de la contradicción legal, como el que retuvo en agosto de 2018 a 30 familias durante varias semanas en Kiev, después de que acudiesen al país por procesos de gestación subrogada. 



“Nos encontramos en un dilema, aún no resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni de forma clara por los tribunales españoles. Por un lado, la norma que debe prevalecer en todo momento es la de velar por el interés superior del menor; pero por otro lado, que la legislación española asuma e inscriba sin más a los menores nacidos en otro país bajo contratos de subrogación implica de algún modo fomentar o transigir con una práctica que en muchos casos se ha relacionado con la explotación de mujeres en países de escasos recursos económicos”, señala Marta Gómez, miembro de la Unión Médica Evangélica (UME)



 



LA POSTURA EVANGÉLICA: ÉNFASIS EN EL BEBÉ Y PROTECCIÓN DE LA MUJER



La preocupación por la manipulación que pueden hacer los contratos de este proceso de gestación subrogada, haciendo uso de ello como otro activo financiero más, y la afectación que esto supone para la vida de la madre y del bebé, es un factor que determina la actitud contraria del sector evangélico español, en general, con respecto a esta práctica. 



Gómez habla de “mercado globalizado” y pone el énfasis en los países que permiten los vientres de alquiler, done “existe un alto riesgo de explotación de mujeres con bajos recursos, trata de personas e instrumentalización de la mujer, sobre la cual la parte contratante en la mayor parte de casos puede decidir si se realiza un aborto, una ‘reducción embrionaria’ (eliminar uno de los dos embriones en el caso de que sean gemelos), controlar su estilo de vida o incluso decidir el tipo de parto”. Una visión que comparte la responsable de la Comisión de Bioética de la Alianza Evangélica Española, Rosa López, que considera que “si se legalizara, podría aumentar el riesgo de comercio de personas”. “Las mujeres más vulnerables son las candidatas y quienes tienen mayor poder adquisitivo, los que pueden acceder a este beneficio”, dice en relación a la lógica de mercado que impregna ahora el debate. 



Para López, que enfatiza las consecuencias negativas de esta práctica en la vida del bebé, “estamos aceptando como bueno un hecho que es desigual y discriminatorio”. “Hay tres partes implicadas”, dice en cuanto a “los padres que alquilan el útero”, “la mujer que gestará para ellos”, y “el bebé, que no puede decir nada”, defiende. “Aparentemente, todos van a recibir lo que quieren, pero no todas las consecuencias se pueden prever a priori. Las emociones irán variando conforme avance la gestación y la madre vaya vinculándose más al bebé. Si no fuera así, no sería necesario firmar el contrato de cesión”, recuerda. 



Desde la UME, Marta Gómez apunta a que los riesgos se reducirían en caso de “gestación nacional”, aunque resalta dos problemas que trascienden a la cuestión geográfica. “Uno es que se rompe el bebé y la madre gestante, un vínculo biológico que se forma durante esos nueve meses y que no podemos hacer como si no existiera, ya que en muchos casos tiene implicaciones a largo plazo, tanto para el niño como para la gestante. Y, por otro lado, la puerta abierta a la ‘gestación altruista’ (concepto defendido por Ciudadanos), puesto que no satisfaría la demanda, haría que aumentara la ‘oferta’ de madres gestantes, tanto nacionales como internacionales, siendo muy difícil el controlar que no exista esta situación de explotación en el cuerpo de la mujer”, añade. 



Tanto López como Gómez apelan a las implicaciones morales de la práctica. “Hay gente que piensa que el dinero lo puede comprar todo, y efectivamente a veces es así. Pero eso no significa que todo lo que se pueda hacer se deba hacer”, recuerda la miembro de la UME, que propone una solución para evitar lo que considera “un alto riesgo de explotación e incluso de tráfico de niños”. “Habría que trabajar en la realidad de estas mujeres gestantes, ver cómo se puede conjugar ese deseo reproductivo con otras opciones más sencillas y valorar cada caso de forma individual”, opina. 



“La gestación no entra en la categoría de servicio o trabajo para otros” manifiesta López, partidaria de “facilitar la adopción de niños que ya han nacido y necesitan una familia, e incluso de niños que no han nacido y la madre ve el aborto como única salida, cuando se podría continuar el embarazo y darlo a familias que desean hijos”. “Esto sin transacción económica, de forma altruista y a través de los servicios sociales o de asociaciones con prestigio ético que no comercien con vidas humanas”, matiza. 



 



EL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA Y EL PARLAMENTO EUROPEO, EN CONTRA



Algunos de estos argumentos estás suscritos por instituciones y organismos públicos, que ya se han posicionado públicamente en contra de la gestación subrogada. Es el caso del Comité de Bioética de España, que plantea una prohibición de los llamados vientres de alquiler a nivel internacional y defiende que se trata de una práctica que “entraña explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y que no puede aceptarse por principio”. “Las propuestas regulatorias que se manejan, la gestación altruista y comercial en sus diversas variantes, son claramente deficientes en la tutela y dignidad y derechos de la gestante y del menor”, afirman en un informe publicado en 2017. 



El Parlamento Europeo, en el punto 115 una resolución del 17 de diciembre de 2015 sobre el Informe anual de los derechos humanos y la democracia en el mundo, también manifestaba condenar “la práctica de la gestación por sustitución, que es contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima”. La institución, añade el documento, “estima que debe prohibirse esta práctica y pide que se examine con carácter de urgencia en el marco de los instrumentos de derechos humanos”. 


 

 


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