La reforma de la ley del aborto irá al Congreso en julio

La Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada llegará al próximo Consejo de Ministros, este próximo 27 de junio, según han informado varios medios citando a fuentes cercanas al Parlamento. Así, la tramitación de la ley en el Congreso transitaría a lo largo del mes de julio. Una tramitación en la que el Gobierno verá como todos los grupos parlamentarios presentarán enmiendas ante un texto muy criticado por parte de la oposición, lo que probablemente impulse un debate que se dará en el Parlamento a lo largo del mes de septiembre. Según los plazos comunes, la norma podría aprobarse en el mes de noviembre o diciembre, de acuerdo a fuentes parlamentarias. MODIFICACIONES AL TEXTO Tras una amplia ronda de consultas, en las que el Gobierno ha enviado el anteproyecto a diversos órganos sociales, especialistas legales y médicos, así como organizaciones implicadas en la ayuda a la maternidad, el Gobierno afronta la elaboración definitiva del texto, antes de presentarse al debate del mismo en el Congreso. En el ámbito evangélico español, se ha realizado un análisis del proyecto, en el que participaron la Alianza Evangélica Española, La Unión de Médicos Evangélicos y el Grupo de Enfermería Cristiana. Se espera que el texto definitivo mantenga su carácter esencial con leves modificaciones. Siguiendo la recomendación del Consejo General del Poder Judicial, se incluirá la malformación del feto en los supuestos para permitir el aborto. Este ha sido uno de los puntos que había generado más discordia en el ámbito político y social. Durante el trámite parlamentario es posible que se pueda llegar a otras modificaciones, aunque la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso hace esperar que estas sean leves y no centrales. En todo caso, el asunto ya comenzará a debatirse en el Congreso este miércoles. El PSOE planteará una pregunta en la sesión de control al Gobierno acerca de este asunto; luego por la tarde, Izquierda Unida pedirá la retirada de un proyecto que considera que “coarta la libertad” de la mujer a decidir.