Uno de cada diez españoles ha sufrido discriminación por sus creencias

Aunque la sociedad española ha avanzado en los últimos 40 años en la aceptación de religiones y creencias diferentes al catolicismo, la discriminación sigue siendo motivo de sufrimiento para un 10 por ciento de la población, es decir, unas 4,7 millones de personas. Son datos que se extraen del estudio realizado por el Observatorio del Pluralismo Religioso, sobre “opiniones y actitudes de los españoles ante la dimensión cotidiana de la religiosidad y su gestión pública”. Entre los encuestados (1725 personas de todo el país) hasta un 10 por ciento admitieron haber sido discriminados por sus creencias religiosas, mientras un 89 por ciento no ha sufrido esta experiencia. Los afectados por discriminación señalan que el contexto donde más han sufrido es en el centro de estudio (18,2), seguido de el lugar de trabajo (10,8), el vecindario (10,2), la familia (9,7) y en el trato con la Administración (8). LIBERTAD RELIGIOSA En la entrevista se pregunta sobre el derecho de libertad religiosa en España, en comparación al derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y el de libertad de expresión. Casi ocho de cada diez españoles perciben que la libertad religiosa es un derecho que está bastante o muy garantizado. Sólo un 3,2 por ciento opina que este derecho no está garantizado. Apenas una quinta parte de la sociedad (21,1%) percibe la libertad religiosa como poco o nada garantizada. El perfil de esta minoría es sensiblemente más joven y, proporcionalmente, tiene más peso entre los indiferentes a la cuestión religiosa y los ateos que entre los creyentes (30% vs 20%). De este pequeño porcentaje, la mayoría apunta al “trato discriminatorio que reciben las religiones minoritarias” (22,5) como el motivo para decir que la libertad religiosa no está garantizada. Estos resultados llevan a la directora del estudio, Carolina Bescansa, a afirmar que “una amplia mayoría de la sociedad española percibe un nivel aceptable de garantías al ejercicio de la libertad religiosa”. En el estudio se ha comparado la percepción de la protección de este derecho con el de igualdad entre hombres y mujeres y el de libertad de expresión. Ante ambos, la libertad religiosa se percibe que goza de mejor salud. Tal vez por ello la población no tenga una percepción demasiado intensa de la necesidad de que la libertad religiosa sea regulada por el Estado. Un 56 por ciento apunta que es mejor “que la sociedad se organice por sí misma y el Estado intervenga lo menos posible”. Un 34 por ciento apunta lo contrario y apoyan que el Estado “lleve a cabo políticas públicas específicas” para proteger la libertad religiosa. Según Carolina Benscansa,“grandes mayorías sociales perciben la cuestión religiosa como una realidad enmarcada en el ámbito privado y tanto creyentes como no creyentes parecen preferir que sea la propia sociedad la que se encargue de crear los mecanismos para garantizar su ejercicio”. El informe completo se puededescargar aquí.En el próximo artículo en Protestante Digital se analizará las respuestas relacionadas con la presencia de la religión en espacios públicos y el trato municipal de las minorías religiosas.