Denuncian que la Iglesia católica es la única entidad española sin recortes

Europa Laica pide la supresión de la casilla del IRPF de la Iglesia Católico Romana (ICR) y reclama al Estado que ponga fin a sus privilegios fiscales, en un contexto de grave crisis económica. Según esta organización, la ICR recibe 11.000 millones de euros al año de fondos públicos y es la única institución que se salva de los recortes. La ICR no sufre en sus ingresos públicos la crisis y además sigue viviendo en un paraíso fiscal en España. Este es el panorama descrito por Europa Laica durante la presentación de su campaña anual para pedir a los españoles que no marquen la casilla de la ICR a la hora de hacer la declaración de la renta. Según esta organización, la Iglesia Católica ecibe 248 millones de su casilla en el IRPF (que deja de recudar el Estado), 110 millones de la de fines sociales, 2.500 millones de euros de exenciones y bonificaciones -IBI, sociedades, obras-, 500 millones de los sueldos de los profesores de Religión y 3.900 millones por la financiación de centros de ideario católico. Asimismo, indica que se beneficia de 1.800 millones para asistencia sanitaria y obra social, 900 millones para asistencia hospitalaria, 25 millones de los sueldos de capellanes, 700 millones en mantenimiento del patrimonio, 400 millones en subvenciones y gastos de eventos religiosos y 10 millones de la coparticipación del Gobierno en entidades católicas como la Obra Pía. Son cifras de elaboración propia de Europa Laica, tras cruzar información y estadísticas oficiales, y establecimiendo estimaciones o proyecciones en otros capítulos . El presidente de esta organización, Francisco Delgado, considera especialmente sangrante esta situación de privilegio en un momento de crisis social y económica. Además, ha asegurado que la ICR "no ha cumplido su compromiso" de autofinanciarse, según se recoge en los Acuerdos Económicos de 1979. Según ha apuntado Delgado, si la ICR dejara de tener una casilla con su "nombre y apellidos" en la Declaración de la Renta, si tuviera que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y no contara con profesores de Religión en los colegios, el Estado recaudaría unos 17.500 millones de euros más en los próximos cinco años.