Zapatero aplaza reformar la Ley de Libertad Religiosa `por falta de consenso´

José Luis Rodríguez Zapatero destacó en el Congreso que la reforma de la Ley de libertad religiosa es «conveniente», pero no es una «necesidad imperiosa», y dado que regula un derecho fundamental no se acometerá mientras no haya consenso político y social. Para el presidente, la norma de 1980 exige una actualización, pero no es urgente su reforma. Ha señalado que en España la «libertad religiosa se ejerce sin ningún problema, no hay discriminación alguna por pertenecer a una confesión religiosa» y el principio de aconfesionalidad funciona con normalidad. CRÍTICAS EN EL CONGRESO El portavoz de ERC en el Congreso ha contestado a Zapatero que resulta paradójico que al mismo tiempo que renuncia a su «agenda laicista para no pasar por anticlerical» venga el Papa a España y «desde las alturas le haga responsable de un laicismo trasnochado que evoca casi la quema de iglesias de los años treinta». Ha aprovechado además para criticar las palabras de Benedicto XVII, que reflejan, ha dicho, no sólo el desconocimiento de la España actual, sino también la «nula autocrítica» de la Iglesia católica en relación a sus posiciones con el matrimonio homosexual, el uso del preservativo o el aborto. «Vamos a continuar siendo un Estado aparentemente aconfesional, pero todo el mundo sabe que a partir de los privilegios que otorga el Concordato, este Estado tiene una especie de mantenida que es la Iglesia católica, que nos cuesta 6.000 millones de euros», ha agregado el portavoz de ERC. Ridao ha acusado además a Rodríguez Zapatero de no haber explorado el consenso y ha afirmado que la reforma es necesaria para garantizar «un Estado libre de dogmas y la plena neutralidad religiosa». El presidente del Gobierno ha replicado a Ridao que le va a costar muchos esfuerzos convencer a la gran mayoría de los españoles que este Ejecutivo hace una «política de entrega o devoción a la Iglesia», porque lo que hace es una política de «respeto al espíritu y principio constitucional» de la aconfesionalidad del Estado. «Respeto a la libertad religiosa y cooperación con la Iglesia católica, está en el mandato constitucional», como se recoge, ha recordado el presidente, en el artículo 16 de la Carta Magna, un precepto «equilibrado y razonable». «Ahí estamos y seguiremos y nunca haremos caso a las posturas de un lado y otro, que realmente no contribuyen a fundamentar los buenos principios de una democracia avanzada en favor de la igualdad de todos los ciudadanos», ha concluido Rodríguez Zapatero. UNA REFORMA MUY SIMBÓLICA El eje principal de la Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa era el de apostar por la neutralidad de los poderes públicos para evitar la confusión entre lo civil y lo religioso. Trataba de afianzar los símbolos del Estado frente a los de origen confesional. Por ello, se mostrarían más banderas oficiales, más imágenes de los reyes, la Constitución y los Estatutos de Autonomías, y menos crucifijos (u otra simbología religiosa) en lugares públicos. La propia denominación de la ley suscitó debate, pero al final se concluyó que la religión entra dentro de la libertad de conciencia, por lo que se incluyó en primer lugar. Para reforzar la presencia de símbolos cívicos comunes se pretendía establecer una diferencia clara entre los que son símbolos religiosos y los que son culturales. Esto es, en el fondo de la ley estaba la intención de eludir críticas gratuitas sobre la desaparición de belenes en colegios o las procesiones de Semana Santa, argumentos de los que se sirven los sectores ultracatólicos para arremeter contra la retirada de crucifijos. En este sentido, en el capítulo de la neutralidad de los funcionarios, la norma se había quedado corta para los sectores más progresistas, que pretendían impedir a un alcalde acudir a procesiones. El texto final supeditaba la participación de los cargos públicos en actos religiosos a que se hiciera sin discriminación. Así, si un alcalde desfilaba en la Semana Santa católica, debería también participar en el ayuno islámico del Ramadán en el caso de que se le cursara una invitación. Con la nueva ley, cuyo último borrador constaba de un articulado de 37 epígrafes, únicamente se hubieran retirado los símbolos religiosos de los lugares públicos. Esto hubiera afectado a juzgados, hospitales, cuarteles policiales o militares, dependencias de ayuntamientos y comunidades autónomas, y escuelas de titularidad pública. Por contra, los centros educativos o sanitarios de carácter privado habrían mantenido sus signos religiosos. La tesis principal que defendía la norma era más laicidad y más libertad religiosa. De este modo, se pretendía avanzar en los derechos de las confesiones minoritarias. Especialmente las federaciones religiosas que tienen firmado un acuerdo de cooperación con el Estado español: evangélicos, judíos y musulmanes. El Gobierno resolvió además que el uso del hiyab (pañuelo islámico en la cabeza) fuera considerado como un símbolo religioso y, por lo tanto, pudiera ser utilizado en cualquier lugar, incluida la escuela pública. En cambio, la normativa no admitiría aquellas prendas, como el burka, que no permitiesen la identificación de un sujeto o afectasen a su dignidad. La revisión de los acuerdos entre el Vaticano y el Estado español, que tienen más de 30 años de antigüedad, estuvo desde el comienzo fuera de la agenda del Gobierno. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no se planteaba la denuncia del Concordato, a pesar de que su vigencia mantiene una serie de privilegios en materia educativa, fiscal y castrense.