El Ministerio de Justicia recibe a las confesiones y anuncia que desaparece la Dirección de Asuntos Religiosos

Durante el encuentro, los dos líderes protestantes pudieron exponer las inquietudes y reivindicaciones de las iglesias evangélicas representadas por FEREDE, ante las que el Caamaño mostró interés y una total disposición a estudiarlas y buscar fórmulas para dar satisfacción a las expectativas del colectivo protestante. El reconocimiento de los efectos civiles de las titulaciones teológicas de los seminarios religiosos, así como de las pensiones de los pastores jubilados a los que no se les permitió cotizar a la Seguridad Social; la posibilidad de establecer una casilla en el IRPF para que los contribuyentes que lo deseen puedan destinar una parte de sus impuestos a la FEREDE; la posibilidad de cesión de un terreno o edificio para la Casa del Protestantismo, son algunas de las viejas reivindicaciones que volvieron a plantearse en este encuentro. Además, se pidió al Ministro información sobre los criterios de la nueva Ley de Libertad Religiosa, especialmente en lo que respecta a los lugares de culto. Rodríguez y Blázquez insistieron en la necesidad de que exista una normativa igual para todos, que proteja a los lugares de culto del acoso al que algunos ayuntamientos están sometiendo, al menos a los protestantes. Caamaño prometió enviar oportunamente el texto de la Ley a las confesiones para que puedan proponer sus aportaciones, ya que existe la determinación, por parte del Gobierno, de que la nueva Ley sea aprobada con el máximo consenso. Además de escuchar atentamente las peticiones de los líderes religiosos, el Ministro les manifestó su deseo de que la nueva Ley permitiera avanzar en la neutralidad del Estado. FUSIÓN DE COOPERACIÓN JURÍDICA Y RELACIONES CON LAS CONFESIONES Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado la fusión en una de las Direcciones Generales de Cooperación Jurídica Internacional y de Relaciones con las Confesiones. Ambas seguirán, no obstante, teniendo las mismas competencias, y los mismos responsables, aunque orgánicamente la directora general sean Aurora Mejía Errasquín, y el subdirector José María Contreras. La unificación es consecuencia de la decisión del Consejo de Ministros del pasado 30 de marzo de reducir el número de altos cargos y racionalizar la Administración General del Estado. Mejía, licenciada en Derecho, ingresó en 1987 en la carrera diplomática y ha estado destinada en las legaciones españolas en Rumanía, Dinamarca y en la Representación Permanente de España ante la OTAN, además de ser segunda jefa en la Embajada de España en Brasil. Fuentes de Justicia han confirmado que el nuevo organigrama «no afectará» a las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, ni mucho menos a la futura Ley de Libertad Religiosa. Los cambios ya fueron comunicados por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, a los responsables de las confesiones religiosas de notorio arraigo (judíos, musulmanes y evangélicos), con los que ha mantenido reuniones la pasada semana.