Tribunal Supremo: no se puede objetar EpC, pero sí su contenido moral `si adoctrina´

El Supremo consideró que el contenido de la asignatura no lesiona los derechos de los padres. En los casos analizados «no existe» el derecho de objeción de conciencia y los dos decretos estudiados, ambos referidos a la Educación Secundaria, «no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», según el fallo. El pleno ha examinado cuatro recursos de casación, tres referentes a sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y una del de Andalucía. Las tres primeras denegaban el derecho de objeción a otras tantas familias y la cuarta se lo reconocía a los padres. La decisión contó con la aprobación de 22 de los 29 magistrados presentes y recibió el voto particular de los otros siete. Para alcanzar el máximo consenso posible en una cuestión que ha provocado un movimiento objetor sin precedentes, el pleno de la sala ha acordado incluir una serie de matices y recomendaciones en la sentencia, que se hará pública en un mes, para que el Gobierno modifique los contenidos de la materia de forma que se evite el adoctrinamiento y la imposición de criterios morales en las aulas, especialmente a través de libros de texto y profesores. Pueden ver aquí un resumen en video de la sentencia del Supremo y sus implicaciones (video, 6 Mb). También pueden escuchar aquí una entrevista de Esperanza Suárez al médico y político X. Manuel Suárez sobre EpC y la sentencia del Supremo (audio, 7 Mb). X.M. SUÁREZ: «LA ASIGNATURA ES UN EJERCICIO DE ADOCTRINAMIENTO» En opinión de Manuel Suárez, médico y responsable del grupo de Participación en la Vida Pública de la Alianza Evangélica Española, la educación en valores corresponde a los padres. «No se puede permitir que esta educación quede en manos del colegio, ya que les corresponde a ellos. No debe haber asignatura alguna que imponga criterios morales determinados, ni siquiera los que alcanzan cotas estadísticas de aceptación». Por otra parte, la educación en valores en el colegio debe surgir «del ejemplo de los profesores y de la transversalidad», nunca desde una asignatura que «acabará por convertirse en un nuevo Catecismo». Para Suárez, la polémica viene de lejos, ya que considera que en España se mantiene «la vocación de adoctrinar» a la sociedad usando como ´púlpito´ el sistema educativo. «Antes era la Religión católica obligatoria, y ahora es Educación para la Ciudadanía» que, a pesar de contar con contenidos distintos -y a veces opuestos- «sigue diciéndonos lo que debemos creer, el código ético común inapelable y la bendita ortodoxia impuesta». Suárez opina que son «los padres los que deben tener la responsabilidad de educar en valores morales a los hijos» mientras no se llegue a «un gran consenso social en cuanto a estos valores que no existe», evidenciado en la polémica suscitada por esta asignatura. Apeló además a la responsabilidad de los políticos en cuanto a los valores que se quieren inculcar. Suárez aconseja a los políticos que «si quieren enseñar el concepto de la verdad, lo mejor que pueden hacer es predicar con el ejemplo, cumpliendo con sus programas electorales». Sin embargo, en la entrevista concedida a eMision, Manuel Suárez valoró el debate suscitado como algo positivo, ya que «la sociedad ha vuelto a pensar en el derecho a la libertad de conciencia», algo que en su opinión «los protestantes siempre debemos defender, ya que es el motor de la democracia y de los valores, aún de aquellos que esta asignatura quiere enseñar». REACCIONES POLÍTICAS Ante la resolución del Supremo, el Ministerio de Educación insistió en que «Educación para la Ciudadanía es una asignatura como cualquier otra y asistir a sus clases es obligatorio para todos los estudiantes de España», destacó la ministra Mercedes Cabrera en un «vídeo-comunicado». «No eran ciertas las descalificaciones y manipulaciones que se han hecho sobre Educación para la Ciudadanía. No hay lugar a la objeción de conciencia sobre la asignatura porque nada hay en ella que invada derechos fundamentales de los estudiantes», añade Cabrera, para quien «el Supremo ha puesto fin a los intentos de hacer de esta asignatura y de los centros educativos un campo de batalla político». El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, exigió directamente al PP que «pida disculpas por la campaña prolongada e innoble que han mantenido en contra de esta asignatura». Sin embargo, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, avisó de que su formación «va a seguir dando la batalla política contra el adoctrinamiento» y anunció que «respaldará las actuaciones que emprendan en el futuro los padres». Mientras, la Generalitat valenciana aseguró que acata la resolución del tribunal, pero consideró que «el fallo no afecta al modo de impartir la asignatura» en esta comunidad. «Habrá que esperar a que se haga pública la sentencia para conocer el alcance de la resolución judicial y si afectará a cuestiones relacionadas con los contenidos de la asignatura», añadieron. Madrid dará indicaciones a los directores de los 217 centros en los que se habían planteado objeciones a Educación para la Ciudadanía para que actúen conforme a la sentencia del Tribunal Supremo. La Consejería de Educación subrayó que los decretos autonómicos que desarrollan la materia «no lesionan ningún derecho fundamental de los padres en relación con la formación religiosa y moral de sus hijos». ¿QUÉ ES EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA? Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una asignatura diseñada para el último ciclo de Primaria y toda la Educación Secundaria que cumple con una recomendación del Consejo de Europa del año 2002, que fue elaborada por el Parlamento Español de acuerdo con la Ley Orgánica de la Educación y que consiste, básicamente, en la enseñanza de valores democráticos y constitucionales. El Real Decreto por el que fue aprobada, el 1631/2006, establece que su objetivo es «favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable». La polémica surge cuando, junto a valores en los que existe un consenso social generalizado (respeto, igualdad hombre-mujer, no discriminación por cuestiones de sexo, orientación sexual o creencias religiosas), se entra en cuestiones morales con muy diversas y encontradas posturas, como los modelos de familia, el aborto y otros similares. Cuestiones que además, dependen para su orientación del libro de texto que se escoja en cada centro. MULTIMEDIA Les recordamos que pueden ver aquí un resumen en video de la sentencia del Supremo y sus implicaciones (video, 6 Mb). O escuchar aquí una entrevista de Esperanza Suárez al médico y político X. Manuel Suárez sobre EpC y la sentencia del Supremo (audio, 7 Mb).