La Cienciología solicitará el «notorio arraigo» del Gobierno

Arjona informó del «notorio crecimiento» de Cienciología en España, que cuenta según los datos facilitados hoy con 11.000 miembros, crecimiento que calificó de «espectacular» en el último año y, principalmente, desde el pasado mes de diciembre en que logró, tras una sentencia favorable de la Audiencia Nacional, su inscripción en el registro de confesiones religiosas del Ministerio de Justicia. Para corroborar este crecimiento, Iván Arjona informó de que mientras que en el período 2000-2004, un total de 26.000 personas visitaron su sede para interesarse por los principios y prácticas de Cienciología, en los cuatro años siguientes, coincidiendo con la apertura de la nueva sede, los visitantes llegaron a los 59.500. Puso también el ejemplo de que en la «Noche en blanco» madrileña del año pasado fueron 275 las personas que visitaron la sede, mientras que en la edición del pasado 13 de septiembre, se alcanzaron un total de 1.124 visitas. De los 158 cursos completos que se impartieron en la sede durante el período 2004-05, se ha pasado a 354 en los años 2007-08. La religión de Cienciología, fundada por L. Ronald Hubbard, llegó a España en los años 60, de la mano de su fundador. La primera estructura jurídica se creó en 1980 en Madrid y, un año después se abrió otra sede en Barcelona. Cienciología está extendida hoy, según los datos facilitados por Iván Arjona, en 164 países y cuenta con diez millones de feligreses en todo el mundo. Para lograr su reconocimiento jurídico y evitar las acusaciones de secta, la Cienciología ha tenido que acudir en numerosas ocasiones ante los tribunales, principalmente en Europa. El 8 de septiembre pasado se conoció la noticia de que la religión que fundara Hubbard será juzgada por el Tribunal Correccional de París por presunta «estafa en banda organizada», confirmaron fuentes judiciales. Cuentan con esta figura jurídica de «notorio arraigo» la Iglesia católica, los protestantes, los judíos, musulmanes, los mormones y el budismo, entre otros, y la misma posibilita exenciones de tipo fiscal, así como un tratamiento diferenciado a la hora de establecer acuerdos y convenios con el Estado.