La Asociación de Catedráticos de Instituto afirma que la EpC nace «muerta» y «fracasada»

A juicio de su presidente, Julián Martín, la mayoría de los profesores serán «reticentes» a impartir la nueva disciplina, porque «no entienden por qué deben asumir una función sacerdotal y de psicólogo». «Algunos la defenderán, pero muchos tendrán dudas», primero en la selección del libro de texto, ya que «están todos ideologizados», y después en el hecho de arrogarse funciones «propias del ámbito familiar», como es la formación de la conciencia y de «comportamientos y actitudes, que corresponde sólo a los padres». Para Martín, catedrático de Literatura Española en el Instituto de Bachillerato Zurbarán de Badajoz, «el Estado viene ahora a educar con prejuicios a una sociedad que ha vaciado a través de la televisión», porque «los jóvenes vienen faltos de valores, vacíos de principios» y el instituto «va a convertirse en un hospital de almas adolescentes». «Vale que la asignatura verse sobre Derechos Humanos y Constitución, como en la mayoría de los países europeos, pero lo que no puede hacer es entrar en valores morales, en concienciar a los alumnos ni entrar en los asuntos personales, que deben enseñarse en casa y que cada alumno debe asimilar y elegir por sí mismo», asegura el presidente de Ancaba, que cuenta con unos 3.000 socios en toda España. «Al profesorado le da miedo hacer de psicólogo -prosigue Martín-, rellenando los vacíos sentimentales de los alumnos», ya que en la asignatura, que no es «objetiva ni académica, como debería ser», «se juega con asuntos de conciencia». «El Estado no debe educar a los ciudadanos; los ciudadanos tienen que educarse a sí mismos con las pautas paternas, no con el ‘‘dirigismo’’» de los gobernantes. LA OBJECIÓN En cuanto a las objeciones de conciencia, Martín aseguró que la nueva asignatura obligatoria ha generado un «conflicto gratuito donde no lo había», tanto en la sociedad como en la comunidad educativa. «Entiendo a los padres que desconfían, porque es muy fácil que los profesores vuelquen su ideología o su opinión personal» en las clases de Educación para la Ciudadanía. Para el docente, el Ministerio de Mercedes Cabrera ha cometido «una falta de decoro» que supone un problema para los institutos y escuelas públicas, porque, en su opinión, «los privados podrán adaptarse sin mayores dificultades». «Puede ser que la disciplina llegue a convertirse en una asignatura ‘‘maría’’ [que no supone un gran esfuerzo intelectual para los alumnos], pero, de momento, es una patata caliente». La controvertida asignatura ha provocado toda una «revolución» entre los padres de alumnos, 13.000 de los cuales se han declarado ya objetores de conciencia en todo el país, aunque las asociaciones calculan que serán muchos más cuando empiece el curso en los centros públicos, entre el 10 y el 17 de septiembre próximos. Además, se han presentado 14 recursos en los juzgados de lo Contencioso Administrativo en Andalucía. CONCAPA CONVOCA UNA MANIFESTACIÓN La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) llamó ayer a la rebelión de los profesores frente a Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos convocando una manifestación para antes de Navidad. Según Luis Carbonel, responsable de la asociación, los profesores deberían objetar porque el Gobierno «muestra una gran desconfianza hacia ellos» al imponer esta asignatura. «Pedimos a los profesores que objeten a la asignatura y que reivindiquen la libertad de cátedra». En cuanto a la «gran manifestación» anunciada por las asociaciones que se oponen a la materia, Carbonel aseguró que no se decidirá hasta la vuelta de las vacaciones, pero que, «de seguir todo igual, la plantearemos para el final del cuatrimestre, antes de Navidades». Según el presidente de Concapa, la protesta irá dirigida «contra las amenazas a los padres objetores, que sólo ejercen su libertad de oponerse a un estilo de gobernar más parecido a Hugo Chávez y Evo Morales que a un país democrático europeo».