Acuerdo para el Gobierno de Madrid no deroga la ley LGTBI, pero rebaja su eficacia

El acuerdo fortalece el derecho de los padres a la educación en valores y promete monitorizar la financiación de entidades ideológicas.

Redacción PD

02 DE AGOSTO DE 2019 · 11:14

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, probables socios de Gobierno en la Comunidad de Madrid. / PP,
Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, probables socios de Gobierno en la Comunidad de Madrid. / PP

Partido Popular y Ciudadanos han aceptado las condiciones puestas por Vox para desbloquear las negociaciones y acelerar así el pacto de investidura de la candidata popular Isabel Díaz Ayuso.

En el documento hecho público por Vox, se explica que la formación permitirá la investidura de la candidata popular sin comprometerse como socio de gobierno. “Desde una leal oposición defenderemos en su integridad nuestro programa político, tal y como nos comprometimos con nuestros electores”, expresa el documento.

 

EDUCACIÓN

El acuerdo no incluye la derogación de la Ley LGTBI aprobada por el Partido Popular en 2016, aunque sí introduce elementos que podrían derivar en un mayor control de la injerencia de esta normativa en el ámbito educativo.

Las condiciones de Vox que pueden afectar al desarrollo de esta normativa afectarán sobre todo a la educación, dado que exigen garantizar “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones” introduciendo “mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos”.

También se establece el compromiso con la “libertad de cátedra”, la potestad de los centros a “adaptar los contenidos formativos al ideario del centro” y el establecimiento de protocolos en los centros educativos que “aseguren protección frente a situaciones de discriminación, acoso o violencia evitando que diferentes víctimas de acoso tengan diferentes grados de protección”.

 

Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid. / Vox

CONTROL DE SUBVENCIONES

Otro de los aspectos que prometen minimizar el impacto de la ley LGTBI es el compromiso de revisar las subvenciones otorgadas por la Comunidad “con el fin de garantizar que los fondos públicos no van destinados a entidades de carácter ideológico”. Aunque esta norma podría afectar también a cualquier entidad evangélica que quisiera optar a una subvención. El acuerdo también promete “no incrementar la deuda pública” y racionalizar el “sector público institucional”.

En cuanto a la promoción familiar, se establece una Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Natalidad “para revertir el invierno demográfico e incentivar y potenciar la maternidad”.

 

INMIGRACIÓN

La inmigración es el tercer bloque destacado por Vox en el acuerdo, pidiendo un mayor control en el acceso de inmigrantes “asegurando una inmigración ordenada, legal y respetuosa con nuestra cultura occidental y vinculada al mercado de trabajo”. Se incide en la política de creación de centros de inmigrantes menores no acompañados (MENAS) proponiendo una colaboración institucional para luchar “contra las mafias de tráfico de personas y aquellas organizaciones que favorezcan la presencia de extranjeros en situación ilegal y la proliferación de actividades delictivas organizadas (narcotráfico, venta ambulante ilegal, prostitución, trata, ocupación ilegal)”.

La investidura de Isabel Díaz Ayuso se celebrará probablemente en la semana del 12 al 16 de agosto, una vez ha comenzado una nueva ronda de consultas.

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