El Ayuntamiento de Reus cierra una iglesia evangélica de 200 miembros

La iglesia Centro Internacional Vida Real de Reus no tiene lugar donde reunirse desde el pasado 3 de abril, cuando agentes de la policía local entregaron a la comunidad un decreto en el que le daban diez días para vaciar su local y cesar la actividad, según explica su pastora, Maribel Cordovés. Desde entonces, los 200 miembros de esta congregación no tienen lugar donde reunirse. “Estamos indignados, pues nosotros estamos constituidos como centro de culto desde 2003”, asegura Cordovés.

La problemática se inició en 2009 cuando desde la iglesia, inscrita en el registro de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede), se intentó atender a las condiciones que marcaba la nueva Ley de Centros de culto de la Generalitat. “Estábamos de acuerdo con unas más que con otras, pero la seguridad es necesaria”, dice la pastora. Según explica, en aquel momento se encontraban en una nave que no tenía puertas de emergencia y otros requerimientos que exigía el nuevo marco jurídico, por lo que buscaron otras instalaciones en un polígono, consiguieron una licencia de obras e iniciaron un proyecto de remodelación “para adaptarnos a la normativa”. 

REUS, UNA CASO PARTICULAR

En julio de 2014 el Ayuntamiento de Reus decidió dejar de otorgar licencias para la apertura de nuevos centros de culto. Una medida políticamente impulsada por la presencia del colectivo musulmán, que ronda los 15.000 feligreses en la ciudad y que ya entonces tenía la intención de abrir una segunda mezquita, pero que afectó al resto de minorías religiosas existentes en la ciudad. 

Cuando en 2015, como dice Cordovés, la iglesia solicitó la licencia de actividades se encontraron con que el Ayuntamiento había prorrogado el veto a los permisos para nuevos centros de culto y estaba pendiente de publicar una nueva normativa en 2016. “Se nos sugirió desestimar la solicitud y volverla a presentar en 2016. Entonces la empresa que llevaba todo el proyecto volvió a presentarla al año siguiente, quedando pendiente que nos dijesen cuál era la cuantía a pagar”, apunta la pastora del Centro Internacional Vida Real de Reus. 

A partir de ese momento pierdieron todo contacto con la Administración municipal hasta que en 2017 recibieron “un requerimiento de 2.850,41 euros, para el que se presentó un recurso y nunca recibimos respuesta”. “El 3 de abril, a las seis de la tarde, la guardia urbana se presentó en la iglesia con un requerimiento que dice que simplemente por no tener autorizada la licencia de actividad como centro de culto, y por no cumplir varios artículos de la nueva normativa, se nos daban diez días para cerrar el local”, afirma Cordovés. 

Los aspectos de la normativa que más conflicto chocaban con la situación eran, por ejemplo, que no existía una distancia de 250 metros entre el centro de culto y cualquier otra instalación en zona industrial, es decir, que no estuvieran ubicados en parcelas aisladas, y que se limitase a un aforo máximo de 90 personas y un espacio de menos de 100 metros cuadrados los lugares de culto dentro de la zona residencial. “Un centro de culto que pase de 90 personas debe estar en un determinado lugar que son los más distantes en la ciudad”, dice la pastora. “Esta ciudad no es tan grande y ya estábamos en un polígono. Habíamos invertido más de 80.000 euros para adaptar el local a la normativa de 2009”, añade. 

“UN PLANTEAMIENTO JURÍDICO DESPROPORCIONADO”

Tras la entrega del decreto para el cierre de la iglesia el Ayuntamiento concedió un periodo de tan solo diez días para las alegaciones, que la comunidad presentó con el apoyo de los servicios jurídicos de Ferede, que considera que se trata de “un planeamiento urbanístico desproporcionado”. “Ya habían intentado regular la situación antes de la normativa de 2016, que se publicó con posterioridad a la apertura del local”, añaden desde la federación. 

“Se está condicionando la existencia de un lugar de culto a que esté regularizado ante el Ayuntamiento y eso no puede ser”, dicen. Los próximos pasos, según explican, pueden ser “o bien crear un diálogo con el Ayuntamiento para modificar el planeamiento urbanístico, o intentar constituir un nuevo lugar de culto y, cuando se deniegue la licencia, alegar que el planeamiento va contra la libertad religiosa, pero es un proceso lento y en el que muchas iglesias prefieren no entrar”, manifiestan. 

Desde la iglesia explican que han mantenido reuniones con el consistorio y que le han presentado “cinco propuestas de naves que hemos visto en diferentes puntos alejados de la ciudad, pero según ellos ninguna cumple los requisitos”, dicen, “y argumentan que en esas zonas los centros de culto no pueden superar los 100 metros cuadrados y que en otras están demasiado cerca de otras instalaciones”, defiende Cordovés.

UNA IGLESIA EN COLABORACIÓN CON BIENESTAR SOCIAL

El mismo local de la iglesia también albergaba la actividad de la asociación Corazones de Vida, que colaboraba con lo servicios sociales del Ayuntamiento repartiendo comida, ayudando a personas en situación de sin hogar, atendiendo a jóvenes con adicciones e impartiendo charlas para mujeres maltratadas y víctimas de bullying. Actividades que han desaparecido con el cierre de la iglesia.