Madrid multará a clientes de prostitución

El Ayuntamiento de Madrid aprobará a inicios de 2014 una nueva ordenanza de convivencia, con la que pretende regular la actividad en la vía pública. Entre las novedades, se plantean multas de hasta 750 euros por solicitar servicios de prostitución, la misma cantidad que se impone por mendicidad. El gobierno local plantea la necesidad de regular el uso de la vía pública “los problemas vinculados a la convivencia son numerosos y en muchos casos llenos de dificultades”. Por ello, ha desarrollado una ordenanza que toma el relevo de una norma de 1948 y de todas las disposiciones diseminadas por otras regulaciones municipales. Su objeto es “limitar determinadas conductas individuales”, que “sólo se tipificarán como infracciones en la medida en que afecten o impidan el libre ejercicio de las demás personas” Algunas de las acciones reguladas en esta norma ya están penalizadas ahora. Otras disposiciones, como la que afecta a la prostitución (una práctica alegal en España), son nuevas. La concejal de Asuntos Sociales, Dolores Navarro, se ha reunido en los últimos meses con asociaciones de vecinos, hostelería, mujeres, etcétera, para elaborar el borrador. Ahora tratará de consensuarlo con el resto de grupos políticos para que sea aprobado definitivamente y entre en vigor en los primeros meses de 2014. Se impondrán infracciones leves (1-750 euros) por acciones como pedir limosna, ofrecer bienes en los semáforos, beber alcohol en la calle, contratar servicios de prostitución, u ofrecer servicios de tarot, videncia, y masajes. Las infracciones graves (750 – 1.500 euros) incluirán los actos “discriminatorios o de acoso”, la mendicidad organizada a con coacción, ofrecer la limpieza de parabrisas en un semáforo, la promoción de la prostitución, juegos o apuestas con dinero, entre otras. La categoría de infracciones muy graves (1.500 – 3.000 euros) penalizarán comportamientos discriminatorios o de acoso contra ancianos, menores o discapacitados; la utilización de menores o discapacitados para ejercer la mendicidad; las conductas que promuevan la prostitución cerca de colegios o zonas infantiles, o la práctica de servicios sexuales en la vía pública; ofrecer el traslado a toxicómanos hasta puntos de venta de droga; o colocar macetas u otros objetos en balcones o alféizares de donde puedan caer. Desde la oposición, se discrepa en muchos de los puntos presentados. Jaime Lissavetzky, líder municipal socialista, considera que la ordenanza, tal y como está planteada, “es concreta en las medidas sancionadoras pero no en las medidas sociales aparejadas a estas cuestiones”. Además, puede quedarse, añade, en una mera declaración de intenciones, pues no prevé una memoria económica para su puesta en marcha ni un aumento de recursos sociales. Por su parte la concejal de IU María Prado de la Mata cree que es “una ordenanza restrictiva que no ofrece ni alternativas ni soluciones; no entra al fondo de problemas como la prostitución; y contiene medidas absolutamente demenciales como las sanciones por mendicidad”. “IU abrirá una ronda de consultas con asociaciones y colectivos para presentar alegaciones”, añade. El líder de UPyD, David Ortega, ve “necesario regular actos y comportamientos desde un enfoque de derechos y no moralista o estético”. Cree “muy importante que se cuente con todos los agentes sociales y políticos, que se tenga en cuenta su voz”, porque “la ordenanza tiene que ser válida para muchos años y, para eso, se necesita consenso”. EN OTRAS CIUDADES Madrid toma así la línea ya iniciada en otras ciudades, como Barcelona, Sevilla, Málaga, Granada y Bilbao, que se han guiado asimismo por una guía elaborada por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) con recomendaciones acerca del ordenamiento de la vía pública. En materia de prostitución, el borrador madrileño es casi idéntico al modelo de regulación diseñado por la FEMP, incluso en la cuantía de las multas; el gobierno de Ana Botella se ha cuidado, sin embargo, de destacar específicamente que las prostitutas nunca serán castigadas por serlo, como podría deducirse del texto (“se prohíbe ofrecer, solicitar, negociar o aceptar directa o indirectamente servicios sexuales”). Con una redacción casi calcada, Barcelona impone multas (de hasta 1.500 euros) a los clientes pero también a las meretrices, aunque de menor cuantía (hasta 350 euros) y sustituibles por cursos formativos; en el caso de los clientes, se ha eliminado el preaviso contemplado en Madrid, para poder castigar sin paliativos. La prostitución es una actividad alegal en España, que no está ni prohibida ni regulada a nivel estatal. El Gobierno catalán (CiU) también ha optado por multar a prostitutas y clientes en las carreteras de la región, una medida que fue aplaudida hace un años por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz (PP).