Gobierno y Episcopado vuelven a enfrentarse por la nueva Ley del Aborto

Alonso respondía así, en rueda de prensa en el Congreso, al comunicado emitido por Jerarquía Eclesiástica en el que los obispos advierten de que, «de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ningún católico coherente con su fe podrá aprobar ni dar su voto» a la futura Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. La iglesia católica española, como subrayó el portavoz de los prelados hispanos, Martínez Camino, entiende que el Gobierno está tratando de «convertir en derecho» el «atentar contra la vida de los que van a nacer». Y recalca que «el anteproyecto presentado constituye un serio retroceso respecto de la actual legislación despenalizadora, ya de por sí injusta». Por ello, la Conferencia Episcopal remarca que, «de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, ningún católico coherente con su fe podrá aprobarlo ni darle su voto». El dirigente socialista explicó que «las organizaciones sociales, cada una en el ejercicio de sus competencias ideológicas o de cualquier otro tipo, dicen lo que les parece», pero, a renglón seguido recalcó que «el bien común», es decir, «los intereses y derechos de los ciudadanos, se regulan en sede parlamentaria». LA CONSTITUCIÓN, «BASE MORAL» PARA ALONSO Para Alonso la moral puede sostenerse en la Constitución. «Las leyes se hacen en el Parlamento de España con criterios políticos, con la afirmación de los derechos y libertades constitucionales y no con morales privadas», aseveró, agregando que «las morales privadas pueden ser lícitas en el ámbito privado». Cuando se le preguntó si cree que algún miembro del Grupo Socialista puede seguir la consigna de la iglesia católica y votar en contra de la reforma cuando llegue al Congreso, Alonso se mostró convencido de que «los 169 diputados socialistas» propiciarán la aprobación de la reforma, con el apoyo de otras formaciones políticas. Muy crítica se mostró también la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que consideró que «nada está permanentemente conquistado en la defensa de nuestros derechos sexuales y reproductivos», y atribuyó la controversia a «los sectores más retrógrados y reaccionarios» y a «quienes creen tener la patente de la moral social».