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    Juan Antonio Monroy
     

    Carta a F.M. Castiella, ministro de Asuntos Exteriores

    Texto publicado en el medio La verdad, en Tánger, en octubre de 1963.

    ENFOQUE AUTOR Juan Antonio Monroy 23 DE ENERO DE 2019 10:00 h
    El ministro de Asuntos Exteriores franquista, Fernando María Castiella.

    Excelencia:



    No quisiera que esta carta fuera interpretada como un gesto de osadía ni de irrespetuosidad. En absoluto. Yo soy español y amo a mi país. Soy también creyente evangélico y obedezco el mandamiento bíblico de obedecer a mis gobernantes y orar para que Dios les guie en sus pesadas responsabilidades. Me anima una intención sana, un honrado deseo de iluminar algunos puntos de su artículo sobre las minorías no católicas en España, publicado en la revista América y reproducido más tarde en el diario Pueblo, cuyo texto castellano sigo en este comentario.



    Los protestantes españoles estamos muy reconocidos por su intervención a nuestro favor. Creemos en la sinceridad de sus sentimientos cuando manifiesta su interés personal por “regular jurídicamente la situación de los acatólicos en nuestra Patria”. Y puede estar seguro que la mayoría de nosotros sabemos apreciar sus esfuerzos y lo difícil de su situación. No obstante su educación católica, sus sentimientos católicos y sus responsabilidades en un Gobierno de confesión católica, usted ha destacado en su empeño por conseguir una mayor tolerancia para los protestantes en España y en la promulgación de un decreto que regularice nuestra situación ante la ley y nos permita un respiro en el clima de oposición que aún nos envuelve, especialmente en las pequeñas ciudades.



    Los protestantes españoles hemos tenido en usted a un decidido defensor de nuestros derechos en los últimos años y aunque a veces nos mostremos un tanto impacientes, no dejamos de reconocer los muchos obstáculos que se opondrán a sus buenos deseos frente a un Episcopado intransigente que se aferra a los privilegios del Concordato.



    Yo mismo, escribiendo sobre la actual situación religiosa en España, decía en el semanario English Churchman, de Londres, con fecha reciente: “In particular, we believe that the changes result from the work of two men: the Minister of State for Foreign Affairs, Mr. Castiella, and the Minister of Information, Mr. Fraga Iribarne. These two men have been at work for many months on a statute which would benefit Spanish Protestants. For many years now Mr. Castiella has been striving to convince Spanish bishops of the need for greater religious toleration towards “non-Catholics” in Spain”.



    Aclaradas, pues, nuestras buenas intenciones de diálogo, queremos comentar algunos puntos de su artículo. No porque creamos que sea preciso añadir, corregir ni quitar, sino para aclarar algunos conceptos todavía confusos en las mentes de católicos y protestantes, que han sido mal interpretados por publicaciones de ambos bandos que no han sabido ver en el fondo de su escrito.



     



    EL PROBLEMA PROTESTANTE EN ESPAÑA



    Empecemos admitiendo nuestra escasa presencia en España. Las cifras que usted da son aceptables. Sólo cabría objetarle ligeras variantes. Y dicho con toda honestidad: Si en España somos tan pocos en número se debe a la debilidad de nuestro testimonio, no tanto a las dificultades que hallamos en nuestra labor. Porque si nos está prohibido el culto público no hay ley alguna que haga silenciar nuestros labios a la hora del testimonio personal. Ya pagamos ese pecado de infidelidad cristiana cuando a la hora de las estadísticas nos vemos obligados a leer, con la cabeza baja y la vergüenza pintada en el rostro, ese fatídico 15.000 que señala el número aproximado de protestantes en España.



    Pero las minorías también tienen sus problemas y nosotros no somos una excepción. Usted así lo reconoce al escribir: “Cabe preguntarse –planteándonos “la cuestión de hecho”- si hay, efectivamente, un problema confesional en España”. Más adelante en su artículo nos da usted mismo la respuesta al concretar: “Hemos visto, con el examen objetivo de los hechos, que existe un problema protestante en España”.



    La índole del problema no le es oculta. Usted sabe bien que nuestro problema no es político, aunque maliciosamente se haya querido presentar así, faltando a la verdad; tampoco es social en su origen, bien que se proyecta inevitablemente hacia el campo de lo social y humano; ni  económico, aunque afecte a nuestra economía particular. El problema protestante en España es esencialmente espiritual. Esto es básico para comprender nuestra actitud. Su planteamiento exacto podríamos definirlo sirviéndonos de un editorial aparecido en el diario católico Ya con fecha 30 de abril de 1962.



    “Derecho primario del hombre –dice el editorialista- y más fundamental que ningún otro, en razón del objeto al que se dirige, es el poder tributar su culto a Dios, educar religiosamente a los hijos, predicar la moral y el dogma. Los que, para entendernos, llamaremos derechos religiosos del hombre, no son menos naturales –sino más- que los derechos políticos”. 



    Ese derecho de adorar a Dios siguiendo los dictados de nuestra conciencia nos obliga a una determinada actitud frente a la vida, a una manera de vivir –y también de morir-, de pensar y de actuar, que se consideran contrarias al común de la población católica española. Esto hace surgir la serie de problemas jurídicos que usted esboza en su artículo y que son más;  incluso más de los que yo expuse en mi libro Defensa de los protestantes españoles.



    Desgraciadamente, esos problemas aparecen en la prensa muy deformados, tanto por la jerarquía católica española, que los minimiza, reduciéndolos en su número y gravedad, como por representantes del protestantismo internacional, que los deforman y exageran, bien por ignorancia bien porque así conviene a sus intereses. Tan condenable es una actitud como la otra, porque ambas hacen daño a España y España siempre debe estar limpia del barro que nos tiremos unos y otros a la cara.



    Ese problema, ligeramente suavizado en los dos últimos años, aún persiste. En su artículo, usted aboga por una “consagración legal” mediante la cual “es evidente que podrían resolverse en forma satisfactoria la mayor parte de los problemas que hoy encuentran los protestantes en España”.



    Pero -¡ay!, señor Ministro-, añade usted que el Gobierno, por sí mismo, no puede resolver esos problemas nuestros sin el concurso y aprobación de la Iglesia católica, a la que está obligado, “no sólo por un mero acatamiento a las mencionadas directrices pontificias, sino también porque está jurídicamente obligado a ello” en virtud del Concordato de 1953. Esto hace que la solución de nuestros problemas dependa de la actitud que hacia ellos adopte el Episcopado español. Y esto no nos gusta nada.



    Porque, con todos los respetos hacia su condición de católico: el Episcopado español no nos ofrece garantías ni esperamos soluciones que procedan de iniciativa episcopal. Entre otras muchas razones, porque el Episcopado español es voluble e inconstante en sus apreciaciones sobre el problema protestante en España.  



    Obispos hay, como el de Huelva, que declara públicamente desde su parroquia: “La unidad católica de España y la confesionalidad del Estado español son perfectamente compatibles con el ejercicio de todos los derechos naturales y de todas las libertades legitimas de los españoles que no profesen la religión católica”. Y luego, sólo unas semanas después, desde el salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid, el mismo purpurado, desmintiéndose a sí mismo, rectificaba: “La España de hoy no está mentalmente, psicológicamente ni socialmente preparada para el ejercicio de una libertad religiosa en el ámbito que en otros países resulta normal y hasta indispensable”. Y luego de habernos llamado analfabetos a los españoles, agrega que la labor de los protestantes “resulta, de hecho, no sólo indiscreta, sino también agresiva e hiriente a los sentimientos religiosos más entrañables del pueblo español”.



    Y no se trata de un caso aislado: el Episcopado español en pleno, que en ocasiones se declara partidario a una solución favorable de nuestros problemas, hace causa común con los libros fuertemente antiprotestantes que escribe el P. Guerrero para Fe Católica y envía su más efusiva bendición a la revista Cruzado español, que en uno de sus últimos números decía: “La tolerancia de cultos es un mal según la doctrina católica…Si en España se estableciera la libertad de cultos, protestarían su historia, su literatura, sus leyes, sus costumbres”. 



    ¿Comprende usted por qué decimos que no tenemos muchas esperanzas en el Episcopado español?



    ¿De dónde, pues, ha de venir la solución a nuestros problemas? Dice usted que es al “gobernante católico” a quien corresponde determinar sobre la conveniencia o no de una mayor tolerancia, para lo cual “él requerirá también el juicio de la Iglesia”. Pero usted añade: “Cuando se trate de cuestiones decisivas sólo es competente aquél a quien Cristo ha encomendado el gobierno de la Iglesia”.



    Nuestro problema es decisivo, así lo reconoce usted; lo es no sólo por la amplitud del mismo sino también por la incapacidad de la jerarquía católica para darle una solución adecuada. Y puesto “que el Estado español, sin el expreso acuerdo de la Santa Sede, no puede por sí ni ante sí acelerar el proceso que conduce a la promulgación, en una u otra forma, del estatuto jurídico de las confesiones no católicas”, pedimos a usted, señor Ministro, continúe los contactos empezados con Juan XXIII en el Vaticano y prosiga en sus esfuerzos hasta lograr la puesta en práctica de ese estatuto. Tal vez encontremos en Roma más comprensión y simpatía hacia nuestros problemas de la que hasta aquí nos ha mostrado el Episcopado español.



     



    DUDOSA ACTITUD DE LA IGLESIA



    El sentimiento antiprotestante del catolicismo español tiene aún hoy día resabios medievales. El pueblo mal informado sigue creyéndonos hijos de Lutero, aliados de Satanás, amigos de brujas, víctimas del infierno. De esta misma opinión participan no pocos sacerdotes. Por su parte, la jerarquía nos ve como miembros de una falsa religión, agentes de sectas extrañas, individuos empeñados en la descatolización de España y en el rompimiento de su unidad religiosa.



    Por fortuna, los obligados contactos de los emigrantes españoles con protestantes de todas las confesiones y el clima despertado por el Concilio, han contribuido a esclarecer muchas mentes y rectificar numerosos conceptos. Pero aún así, se mantiene hacia nosotros una actitud vigilante, desconfiada.



    Existen en el catolicismo español organizaciones especialmente dedicadas al estudio de las actividades protestantes. Sus miembros tienen como misión delatar a sus superiores, y estos al Gobierno, cualquier acto nuestro que se considere contrario a los intereses del catolicismo.



    Esto, señor Ministro, lo sabe usted bien. En su artículo admite que las dificultades surgidas en 1956 en torno a las actividades de la Sociedad Bíblica tuvieron su origen en una “denuncia de procedencia eclesiástica”. Asimismo, la clausura de un seminario teológico y una escuela establecidos en Madrid se llevó a cabo “como consecuencia de un requerimiento eclesiástico”.



    Ante estos hechos denunciatorios cabe aplicar al catolicismo español la acusación que contra el P. Fraile, de la Universidad de Salamanca, lanzó recientemente el profesor José Luis Aranguren desde el diario salmantino La gaceta regional. Dice Aranguren que el P. Fraile, “poco simpatizante con la teología kerigmática, ha inventado en cambio otra sorprendente forma de pastoral: la que podríamos llamar “teología denunciatoria… Debo reconocer –añade Aranguren- que se trata de una forma inédita de apostolado, sin duda con su manera de entender la caridad. Antiguamente la Iglesia ejercitaba el derecho de asilo. El padre Fraile prefiere ejercer el derecho de delación”.



    La observación del profesor Aranguren es válida en lo que se refiere a las denuncias del catolicismo español contra los protestantes. ¿Y cree usted, señor Ministro, que esa postura beneficia a la jerarquía católica de España? ¿Lo creen así los señores obispos?



    ¡Y si al menos fueran consecuentes en su actitud! Pero no, arrojan la piedra y esconden la mano. A las protestas internacionales que siguieron al cierre de la Sociedad Bíblica, respondió la Iglesia católica echando toda la culpa sobre el Gobierno. Ahí está la respuesta del Cardenal Frings, arzobispo de Colonia, a la carta que le había dirigido el pastor Dibelius. El señor arzobispo quiso limpiar de toda culpa a la Iglesia y para ello no encontró mejor solución que cargar el muerto al Gobierno español, manifestando públicamente que “se trataba de medidas tomadas por el Gobierno español y que en ningún caso había que hacer responsable al Episcopado español, a orden religiosa alguna o a cualquier autoridad de la Iglesia”. El Episcopado español se hizo cómplice de esta falsedad al no declarar en público el error en que estaba el señor arzobispo alemán. Debía haberlo hecho siquiera en agradecimiento a los grandes favores que disfruta del Gobierno español. Pero no fue así. El perjudicado fue el Gobierno, a quien se le causó un daño que usted dice “es difícilmente reparable”.



    Si el Episcopado español obra así con el Gobierno a quien debe todos los privilegios que disfruta en la actualidad, ¿qué quiere usted que esperemos de ese Episcopado los protestantes españoles en materia de tolerancia religiosa?.



     



    LA UNIDAD RELIGIOSA EN ESPAÑA



    Es ya tradicional considerar a España como el país de una sola religión. La unidad religiosa de España se ha convertido en tópico obligado de todos los escritores españoles que tratan el problema religioso. Pero, como todos los tópicos, corre el peligro del desgaste. Momificar un concepto es aniquilarlo, suprimirle la vida y conservarlo como simple objeto de curiosidad.



    Usted se refiere a la unidad religiosa como “esa bendición particularísima de la historia de España”. Esto ha hecho decir al señor Davis, director de la revista América, publicada por los pp. jesuitas, que “para los españoles el pluralismo religioso es una amenaza a la unidad de su fe”. Esto no lo sostendría el señor Davis en sus Estados Unidos natal, done el pluralismo religioso, lejos de ser una amenaza, es un bien para el país y principalmente para la Iglesia católica. Y pretender, como quiere el señor obispo de Huelva, que nuestra mentalidad religiosa es más inculta que la de otros países, es darle la razón al señor Davis y decirle con la vista en el suelo que sí, que lleva razón, que somos un pueblo atrasado en este aspecto, que en América están más capacitados que nosotros para comprender y asimilar el problema religioso.



    Esto no. Decididamente no. Y lo dejo aquí por hacer caso a nuestro Manco ilustre y creer con él que toda comparación es odiosa.



    Cuando se habla de la unidad religiosa en España no se analiza debidamente el concepto de “unidad” ni se aplica correctamente a la esfera religiosa. En España puede hablarse de uniformidad católica, no de unidad religiosa ni mucho menos espiritual. La unidad del catolicismo español es nominativa; no tiene arraigue interno. Lo que se quiere decir cuando se habla de la unidad religiosa de España es que los 31 millones de españoles son bautizados al nacer, se casan ante el altar de un templo católico y llevan a un sacerdote en la presidencia de su entierro. Esto es lo que el P. Eustaquio Guerrero, el autor más rabiosamente antiprotestante de  la España actual, entiende por unidad católica.



    Pero el P. Guerrero va descaminado y con él todos los que no se detienen en el examen sereno de esta cuestión. En lógica, no puede decirse que 31 millones de personas, en su inmensa mayoría indiferentes al problema religioso, formen una unidad religiosa porque al nacer fueron todos bautizados siguiendo el mismo rito. Un militar de experiencia no diría que todo su ejército de reclutados forzosos, que interiormente sienten aversión por la vida de cuartel, que están deseando terminar su compromiso para no acordarse más de las milicias, formen una “unidad militar” –dándole a esta expresión el significado que le da el catolicismo –sólo porque todos ellos hayan cumplido con el rito de jurar fidelidad a la bandera y vistan el mismo uniforme.



    Por otro lado, el mismo anticlericalismo del pueblo español, del que con tanta elocuencia nos hablan las estadísticas actuales y los hechos pasados, desmienten que en España exista unidad religiosa. En su artículo usted menciona los horribles y estúpidos ataques a la religión perpetrados en España. La quema inútil de iglesias y conventos y la matanza aborrecible de sacerdotes y obispos. Las cifras que da el P. Montero son escalofriantes. Un total de 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 religiosos y 283 religiosas forman el número de asesinados en España de 1931 a 1939.



    La verdad, señor Ministro, resulta complejo el hablar de unidad religiosa y a la vez exponer los resultados trágicos e esa barbarie llevada a cabo por aquellos mismos a quienes se incluye dentro de esa unidad. Yo, de mí mismo, sería incapaz de levantar un dedo contra aquellos a quienes estoy unido por afinidades espirituales. No lo haría aunque todas las leyes del mundo me lo aconsejaran; ni siquiera a sabiendas de que mi crimen habría de quedar en la impunidad o amparado por la protección estatal. La ley espiritual de mi conciencia obraría en mí con una fuerza superior, infinitamente superior a cualquier otra ley.



    Unidad religiosa y asesinato de religiosos por los que se cuentan entre esa unidad, son hechos incompatibles.



     



    LA CUESTION DEL PROSELITISMO



    Casi al final de su artículo se refiere usted al difícil tema del proselitismo. Esa es la principal queja que tiene contra nosotros la Iglesia católica en España. Este problema ha sido largamente discutido sin resultados aparentes. Nosotros mismos, señor Ministro, nos hicimos un verdadero lío cuando en nuestro Congreso celebrado en Madrid en mayo último discutimos lo que consideramos como problema espinoso.



    La verdad es que proselitistas somos todos. Nuestra actuación en la vida es un proselitismo continuo a favor de nuestros intereses, de nuestras ideas, de nuestros familiares. La Iglesia católica, que ha complicado tanto lo referente al problema proselitista, hace proselitismo. Sus misioneros van por el mundo ganando almas para el catolicismo, es decir, haciendo prosélitos. Y todos sabemos que entre las mismas organizaciones católicas nacionales se hace proselitismo a favor de unas y en contra de otras. Y el que no es proselitista es un ser inútil en la vida.



    Yo estaba espigando una serie de ideas para plantear el tema del proselitismo desde un punto de vista religioso, pero un sacerdote católico español acaba de evitarme ese trabajo. Muy claro, muy objetivo, asistiéndole toda la razón, el P. Jesús Urteaga, director de la revista Mundo cristiano, dice en su número de septiembre que “los que no son proselitistas, son cristianos dormidos, inútiles, vacíos, insípidos y apagados, sin sal y sin luz. A los ojos de Dios sus vidas son estériles”. Y dice más el P. Urteaga. “Quiero recalcar la palabra hacer prosélitos, porque nos la están desfigurando…El apostolado y el proselitismo dependen exclusivamente del amor, chico o grande, que tenemos a nuestro Dios y al prójimo…Sólo son proselitistas los que quieren hacer felices a los demás…Si los doce primeros hubieran sido tan inútiles como nosotros, la Iglesia de Cristo sería hoy un pequeño recuerdo histórico. Pero fueron proselitistas, como Dios manda. Hoy, Cristo nos pide a todos más apostolado y más proselitismo”.



    Para mí, esa es la mejor definición del proselitismo y del proselitista que puede darse. Todo lo que se escriba fuera de eso son ganas de gastar tiempo. Y puede usted suponer, señor Ministro, que deseando la salvación de todos los hombres, sintiendo en nuestras almas la imperiosa necesidad de cumplir el mandato de Cristo, no podemos dejar de ser proselitistas. Lo que si continuaremos haciendo, como lo hemos hecho durante años, es orar cuanto podamos y cooperar con nuestra comprensión, tal como usted nos pide, para la solución del problema de la convivencia religiosa en España.


     

     


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