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    Juan Antonio Monroy
     

    La transición religiosa en España (VI)

    Además de ser un derecho imprescindible del hombre, la libertad de conciencia fue también una diaria conquista.

    ENFOQUE AUTOR Juan Antonio Monroy 31 DE OCTUBRE DE 2018 13:00 h
    El ministro franquista Fernando María Castiella, que fue una de las primeras figuras políticas de España en el reconocimiento a los protestantes, junto a John F. Kennedy.

    POLÍTICOS QUE TRABAJARON A FAVOR DE LA LIBERTAD RELIGIOSA



    España nunca ha sido un país tolerante en materia de libertad religiosa. Ni en sus leyes ni en su espíritu. Después del triunfo del general Franco y de la Iglesia católica en la guerra civil que azotó el país entre julio de 1936 y abril de 1939, lo que siempre había sido intolerancia se convirtió en persecución, encarcelamientos incluidos contra los evangélicos españoles. La llegada fe Fernando María Castiella al ministerio de Asuntos Exteriores el 25 de febrero de 1957 supuso el inicio, tímido pero eficaz, de la apertura religiosa en España. En sus viajes por las cancillerías del mundo a Castiella se le recriminaba la falta de libertad religiosa en España. Por otro lado, Castiella, católico de convicciones arraigadas, era un hombre tolerante, abierto, personal y profundamente convencido de la necesidad de dotar a las minorías religiosas existentes en España de un Estatuto legal que amparara sus actividades y garantizara sus derechos. En su primer despacho con Franco en 1957 Castiella planteó el tema al Jefe del Estado. En 1960 el Gobierno empezó a establecer contactos con dirigentes evangélicos. El 7 de noviembre de 1961 Castiella presentó en la Secretaría de Estado del Vaticano un memorándum solicitando la apertura de negociaciones para el establecimiento de libertad religiosa en España. En esta y en todas las iniciativas que Castiella tomó a favor de la libertad religiosa estuvo fuertemente apoyado por otros dos ministros de entonces, Manuel Fraga Iribarne y José Solís Ruíz. 



    El primer diplomático español que hizo referencia pública a la preparación del Estatuto legal para los evangélicos españoles fue Antonio Garrigues, embajador en Estados Unidos. Hablando ante 250 periodistas en el Club Nacional de la Prensa en Washington el 27 de junio de 1962 dijo que el Gobierno español “estaba elaborando un Estatuto de libertad religiosa para solucionar el problema protestante”.



    El Estatuto proyectado salió como Ley de libertad religiosa, aprobado por las Cortes Españolas el 26 de junio de 1967. Fue la primera Ley de esta índole que estrenaba España. Para la aplicación y seguimiento de la misma en relación con los evangélicos, el Gobierno puso al frente de una comisión al entonces subsecretario de Justicia, Alfredo López, amigo íntimo de Castiella. Miembro del Opus Dei, católico sincero y profundo, López tuvo un comportamiento ejemplar y pronto ganó la confianza, el respeto y el cariño de los dirigentes evangélicos con quienes mantenía contacto habitualmente. Fue un hombre providencial para aquella hora y circunstancia.



    Alfredo López cesó en su cargo en junio de 1973. Quienes le sucedieron al frente de la Comisión de Libertad Religiosa no destacaron por labor especial alguna. Fueron, por este orden, José del Campo, Eleuterio Zapatero, Marcelino Cabanas y Mendizábal Allende.



    En noviembre de 1977 la Comisión Civil de Libertad Religiosa pasó a depender de la Dirección General de Asuntos Eclesiásticos, hoy llamada de Asuntos Religiosos. El Gobierno de Adolfo Suárez nombró como Director General de Asuntos Eclesiásticos a Eduardo de Zulueta y Dato. El protestantismo español debe a éste hombre un homenaje y muchas páginas de agradecimiento por su incansable labor a favor de la libertad religiosa. El 16 de diciembre de 1977 acudió a la Comisión de Defensa Evangélica y se entrevistó con 15 de sus miembros. En los años siguientes recibió en su despacho a todos los pastores evangélicos que solicitaron verle. Zulueta, con un corazón abierto a la amistad y a la comprensión, fue también el autor material de la nueva Ley de Libertad Religiosa, aprobada en el Congreso de los Diputados el 24 de junio de 1980.



    Eduardo de Zulueta cesó en su cargo en abril de 1980. El 10 de mayo, el Consejo de Ministros nombró como sucesor a Eugenio Nasarre. Creyente, tolerante, menos abierto que Zulueta, Nasarre mantuvo relaciones cordiales con la Comisión de Defensa Evangélica.



    Nasarre permaneció tan solo cinco meses al frente de la Dirección General de Asuntos Religiosos. El cambio de Gobierno realizado en España en los primeros días de septiembre de 1980 le llevó a la subsecretaría de Cultura, siendo sustituido por Luis Apostua Palos a propuesta del entonces ministro de Justicia Francisco Fernández Ordóñez.



    Apostua era periodista. Por aquel entonces ejercía como subdirector del diario Ya, cuando este periódico era propiedad de la Conferencia episcopal. Estrechamente vinculado a la jerarquía católica, era el hombre de los obispos españoles en la Dirección General de Asuntos Religiosos. En este cargo estuvo hasta febrero de 1983.



    Luis Apostua fue un director general nefasto. Engañó fríamente a los evangélicos españoles. Durante su permanencia en el ministerio de Justicia se creó la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que estuvo compuesta por 21 miembros. Siete designados por otros tantos ministerios; otros siete, expertos en temas de libertad religiosa, y los siete restantes en representación de confesiones religiosas. A los evangélicos españoles correspondía un representante en la citada Comisión. Utilizando el fichero de pastores existente en la Dirección General de Asuntos Religiosos, Apostua envió una carta a dirigentes evangélicos pidiéndoles que designaran a un representante. El 90% de las respuestas fue favorable al nombramiento de José Cardona Gregori. Pero Apostua tenía órdenes de los obispos de que eligiera a un pastor perteneciente al Consejo Mundial de Iglesias y próximo a la Iglesia católica. Actuando dictatorialmente y pasando por encima de la expresada voluntad de los dirigentes evangélicos, incluyó en la nueva Comisión asesora a Daniel Vidal, de la Iglesia Evangélica Española. Puesto que no podía dejar fuera de la misma a José Cardona, lo nombró como uno de los siete expertos. De forma que Cardona no representaba en esa Comisión a los evangélicos españoles, sino al ministerio de Justicia.



    La trampa causó tan malos efectos entre los dirigentes evangélicos que seis miembros de la Comisión de Defensa, en nombre y representación de sus respectivas denominaciones, enviaron una carta de protesta a Apostua. La carta iba firmada por José Palma, Antonio Martínez Conesa, Pedro Bonet, José Solé, Juan Gili y Juan Antonio Monroy.



    A Luis Apostua le sucedió un hombre que llegó a significar la otra cara de la medalla. Un hombre que estuvo en la línea de apertura y buen trato establecida por Alfredo López y Eduardo de Zulueta: Gustavo Suárez Pertierra. Joven, 33 años en marzo de 1983, fue el primer Director General nombrado por el Partido Socialista. Suárez Pertierra ganó inmediatamente las simpatías y la amistad de los dirigentes evangélicos. Al frente de la Dirección General de Asuntos Religiosos supo abrir importantes cauces de diálogo entre la administración y las minorías religiosas. 



    En febrero de 1984 Suárez Pertierra fue nombrado subsecretario de Defensa. La Dirección General de Asuntos Religiosos estuvo ocupada posteriormente por dos hombres que cumplieron, pero no destacaron en actividad especial alguna: Jesús Esquerra Calvo ocupó el cargo entre febrero de 1984 y octubre de 1985 y Ricardo Zalacaín lo hizo desde esta última fecha hasta julio de 1988. Al ser nombrado ministro de Justicia Enrique Múgica en el cuarto gobierno de Felipe González en julio de 1988, la Dirección General de Asuntos Religiosos pasó a ser ocupada por Luis María de Zavala, amigo personal del ministro y muy pronto amigo de todos los miembros de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Zavala, Zulueta y Suárez Pertierra fueron los únicos Directores Generales del departamento que visitaron templos evangélicos e incluso hablaron en reuniones de Iglesia. Sin marginar sus responsabilidades políticas, supieron identificarse con el pueblo evangélico, al que no pretendieron mandar, sino servir.



    La enriquecedora y fructífera labor de Luis María de Zavala concluyó el 12 de abril de 1991, fecha en la que fue nombrado para sustituirle Dionisio Llamazares. A Llamazares tocó la conclusión feliz de los Acuerdos y poner fin a los largos años de luchas a favor de la libertad religiosa y la igualdad de derechos en la que han estado involucrados tanto dirigentes evangélicos como representantes de la Administración del Estado. Además de ser un derecho imprescindible del hombre, la libertad de conciencia fue también una diaria conquista. Los evangélicos españoles ganamos esta batalla.


     

     


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